La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición de Geovany Andrés Rojas, conocido como alias ‘Araña’, quien es señalado de ser el máximo comandante del grupo armado ilegal Comandos de Frontera, una de las estructuras más activas en el suroccidente del país. La decisión, adoptada de manera unánime, respalda la solicitud hecha por la Corte del Distrito Sur de California (EE. UU.), donde Rojas enfrenta cargos por narcotráfico y conspiración para el envío de cocaína hacia territorio norteamericano.
El alto tribunal consideró que el “indictment” presentado por la justicia estadounidense cumple con los requisitos formales y sustanciales establecidos en la legislación colombiana, y que existen pruebas suficientes sobre la participación de Rojas en actividades de tráfico ilícito de drogas. De esta manera, el proceso de extradición avanza al último paso: la firma presidencial, en manos de Gustavo Petro, quien deberá definir si autoriza o no el envío del comandante guerrillero a Estados Unidos.
Alias ‘Araña’ fue capturado en medio de una reunión con delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el marco de los acercamientos entre el Gobierno y los Comandos de Frontera, una estructura que opera en el departamento del Putumayo y zonas limítrofes con Ecuador. Su detención generó controversia, pues ocurrió mientras el Gobierno buscaba mantener abiertos los canales de diálogo en el marco de la política de “paz total”.
De acuerdo con las autoridades, ‘Araña’ habría coordinado el envío de cargamentos de cocaína a través de la frontera sur, utilizando rutas fluviales y aéreas que conectan con Ecuador y Perú. Además, su grupo es señalado de tener vínculos con redes internacionales del narcotráfico y de cometer delitos como extorsión, reclutamiento forzado y homicidio.
Con esta determinación de la Corte Suprema, el expediente pasa ahora al Despacho de la Presidencia de la República, donde será evaluado políticamente. En caso de que el presidente Petro firme la extradición, ‘Araña’ será trasladado a Estados Unidos para responder ante la justicia por los delitos que se le imputan.
Mientras tanto, el caso se convierte en un nuevo punto de debate sobre el alcance de la política de paz total y los límites de la justicia internacional frente a los jefes de estructuras armadas ilegales que mantienen contactos con el Gobierno. La decisión que tome el presidente podría marcar un precedente en el manejo de los procesos judiciales de los cabecillas que han manifestado su intención de acogerse a mecanismos de diálogo y sometimiento.
