La Corte Suprema de Justicia de Colombia citó este martes al presidente Gustavo Petro para que declare por escrito en el marco de la investigación que se adelanta contra seis congresistas involucrados en el escándalo de corrupción que afecta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La solicitud fue hecha por el magistrado Misael Rodríguez Castellanos, de la Sala Especial de Instrucción del máximo tribunal, quien lleva la investigación sobre la actuación de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) en el caso de corrupción de la UNGRD.
La Corte ha solicitado a Petro que entregue una declaración bajo juramento, respondiendo un cuestionario relacionado con las presuntas irregularidades en los contratos de la entidad estatal. Los congresistas involucrados en el caso, quienes también han sido llamados a declarar, son Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, además del excongresista Juan Diego Muñoz.
El escándalo, considerado el mayor de corrupción en la actual administración, involucra el desvío de recursos públicos destinados a la UNGRD, con el presunto beneficio de políticos que habrían obtenido contratos en el sector a cambio de su apoyo al gobierno en votaciones claves en el Congreso. De acuerdo con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría facilitado la adjudicación de varios contratos a cambio de votos en el Legislativo.
El caso ha cobrado especial relevancia debido a las implicaciones políticas que podría tener para el gobierno de Petro. Manrique y Manzur, dos de los congresistas señalados, renunciaron a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que el lunes no pudo sesionar por falta de quórum, lo que ha afectado las gestiones del Ejecutivo para obtener aprobación en el Congreso de créditos internacionales, esenciales para el presupuesto nacional.
Además de los seis congresistas involucrados, la Corte Suprema también investiga a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, quienes, según las denuncias, habrían recibido sobornos a cambio de su apoyo político. Ambos enfrentan cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, debido a su presunta participación en el desvío de recursos de la UNGRD.
El exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, reveló en mayo pasado que los fondos de la entidad fueron utilizados para pagar sobornos millonarios a Name y Calle, lo que ha sumado más presión sobre el gobierno de Petro, que se encuentra en medio de un proceso de reformas y búsqueda de financiamiento internacional para aliviar las dificultades fiscales del país.
Este caso sigue siendo un tema de gran preocupación tanto para las autoridades como para la opinión pública, pues pone en evidencia las redes de corrupción en torno a la gestión de recursos públicos y su impacto en la política colombiana.
