La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernó el país entre 2007 y 2015, ha visto confirmada su condena de seis años de prisión por corrupción, en el marco del escándalo conocido como el caso “Vialidad”. Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia impuesta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2, que la halló culpable de administración fraudulenta de fondos públicos, relacionados con la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su mandato y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner.
La Sala IV de la Cámara de Casación, compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, no solo desestimó los recursos presentados por la defensa de la expresidenta, sino también los interpuestos por la fiscalía. Esto significa que, aunque aún puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia, el fallo que la condena a seis años de prisión y la inhabilita para ocupar cargos públicos de manera perpetua se mantiene firme. La sentencia, sin embargo, no se ejecutará de inmediato. De acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal Federal, la condena solo se aplicará una vez que se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión, lo que podría tomar varios años.
Este caso está relacionado con una serie de irregularidades en la concesión de 51 contratos de obras viales en la provincia de Santa Cruz, otorgados a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, quien fuera socio cercano a la familia Kirchner. Los fiscales sostienen que durante la gestión de Fernández, se produjo un fraude en la asignación de estos contratos, lo que resultó en un perjuicio económico para el Estado. Fernández fue condenada como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta”, aunque fue absuelta por el delito de asociación ilícita, que en principio había sido uno de los cargos más graves en su contra.
A pesar de que la condena está confirmada, la expresidenta no irá a prisión de manera inmediata. La defensa de Fernández ha adelantado que recurrirá el fallo ante la Corte Suprema, lo que podría retrasar la ejecución de la sentencia durante varios años. Esto se debe a que, según la legislación argentina, el arresto solo se produce cuando se ha agotado el proceso judicial y el fallo se vuelve firme, lo que deja espacio para que la expresidenta recurra a otras instancias judiciales antes de que se aplique cualquier medida coercitiva.
En cuanto a la pena económica, el tribunal también ordenó un decomiso de más de 84.800 millones de pesos, un monto que será actualizado una vez que la sentencia sea definitiva. Esta suma corresponde al dinero mal administrado durante las concesiones viales y deberá ser entregado a las arcas del Estado una vez que se haya agotado el proceso judicial.
El veredicto también incluyó la confirmación de las condenas a otros exfuncionarios de su gobierno y a Lázaro Báez, quien ya había sido condenado por enriquecimiento ilícito y otros cargos relacionados con el caso. Báez cumple actualmente una condena de prisión domiciliaria en Santa Cruz, y su implicación en el caso de “Vialidad” se considera uno de los ejes principales de la investigación. Asimismo, la Cámara de Casación ratificó las absoluciones de varios de los acusados, entre ellos, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien también estaba siendo investigado en este contexto.
Es importante destacar que, a pesar de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con fueros parlamentarios que la protejan, su avanzada edad (más de 70 años) podría permitirle solicitar cumplir la pena en su domicilio. Este factor será clave en futuras resoluciones judiciales y podría influir en el modo en que se ejecute la sentencia. Además, si la ley de “ficha limpia”, que actualmente se discute en el Congreso, es aprobada, Fernández no podrá postularse a ningún cargo público en el futuro debido a esta condena, una medida que podría marcar un hito en su carrera política.
El caso “Vialidad” no solo ha sido un punto de inflexión en la vida política de Cristina Fernández de Kirchner, sino que también ha tenido un impacto significativo en la sociedad argentina. La condena ha alimentado el debate sobre la corrupción en el país y la necesidad de reformar el sistema judicial para garantizar una justicia más efectiva y transparente. Con la posibilidad de que esta sentencia sea objeto de más apelaciones y recursos judiciales, el futuro de Cristina Kirchner en la política sigue siendo incierto, aunque la presión por una resolución definitiva sobre su caso continuará siendo una cuestión central en la agenda pública argentina.
