La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Cárder, en conjunto con la Policía Ambiental y Carabineros, puso en evidencia un grave delito ambiental en un área de protección del barrio Belmonte, en Pereira. La denuncia, inicialmente alertada por vigías ambientales, señala la invasión de una zona verde municipal y la afectación de un afluente hídrico clave por la operación de un parqueadero clandestino.
Bajo la orientación del director Julio César Gómez Salazar, un equipo de expertos se desplazó al lugar para verificar la situación. La inspección de campo confirmó la denuncia: disposición inadecuada de material pétreo, residuos de construcción y demolición (RCD), y la invasión de una zona de protección.
“En este caso, que hay un parqueadero, están intentando ganar área, espacio para poder tener sus vehículos,” explicó uno de los técnicos de la Cárder, señalando cómo el afán de ganar espacio está destruyendo un bien público. Las zonas verdes, que son patrimonio del municipio y están catalogadas como protegidas, “están siendo invadidas, están siendo destruidas,” se lamentó otro experto.
Infracción urbanística del parqueadero y daño ecológico
La situación se agrava al confirmarse que el sitio afectado es un parqueadero no establecido que funciona de manera ilegal sobre el espacio público. Habitantes del sector, quienes informaron del uso del predio durante la visita, confirmaron que esta actividad no solo constituye una infracción urbanística, sino que compromete seriamente una conexión biológica vital para el ecosistema local.
“Tenemos certificación de la alcaldía que toda esa zona, desde la sur, desde la Mielita hasta arriba, es del municipio,” aseguraron los residentes, subrayando la ilegalidad de la ocupación. La disposición de escombros y material pétreo no solo degrada el suelo de protección, sino que ha afectado directamente a un importante afluente hídrico del sector, poniendo en riesgo el equilibrio ambiental de la zona.
Medida preventiva y sello de suspensión
Ante las contundentes evidencias, la Cárder impuso una medida preventiva inmediata. La resolución ordena: “Suspender de manera inmediata todo tipo de uso, aprovechamiento, intervención y/o afectación de los recursos naturales presentes en el predio.”
Acto seguido, se procedió con la imposición del sello de suspensión, que según la autoridad ambiental, “no podrá ser retirado del predio hasta que la autoridad ambiental lo determine.”
Desde el año 2023, la autoridad ambiental ha mantenido un seguimiento permanente a esta problemática, buscando articular acciones con la administración municipal y los colectivos ambientales para “recuperar este espacio y restablecer la funcionalidad ecológica de la zona.”
|TOTALMENTE CORRECTO.