Esto lo dijo en alusión a la imputación que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los exjefes de las antiguas FARC por crímenes de guerra. “Si bien vemos que se adelantan imputaciones por el delito de secuestro a quienes ejercieron el mando superior de grupos terroristas, también es importante, y es lo que está a prueba, que esas sanciones sean proporcionales y sean efectivas y que no traigan la revictimización”, dijo el jefe de Estado. El pronunciamiento de Duque se produjo luego de que la JEP acusó por primera vez a la antigua guerrilla de las FARC por crímenes de guerra e imputó a sus últimos ocho jefes por los secuestros y otros graves delitos relacionados con la privación de la libertad cometidos durante el conflicto. La Sala de Reconocimiento de la JEP acusó hoy a Rodrigo Londoño, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente de Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC, y los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como a los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.
Esos jefes guerrilleros son acusados de privar a numerosas personas de su libertad y en consecuencia, la Sala de Reconocimiento también los imputó por otros crímenes de guerra relacionados como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado. Según Duque, quienes cometan crímenes de lesa humanidad no solo deben tener “sanciones ejemplarizantes y proporcionales, sino que también no estén revestidos de honores y, por el contrario, también la sanción colectiva implique que ellos no tengan derechos por encima de los demás ciudadanos”.
Enfatizó en…
En un encuentro con los magistrados que conforman la Jurisdicción Constitucional, Duque enfatizó en que en la historia política del país, cuando se han desarrollado procesos, tras largas confrontaciones, “ha estado siempre el halo y el hilo conductor de la impunidad, donde no hay sanciones proporcionales a quienes han cometido los más brutales crímenes”.
Sin nombrar directamente a las FARC Duque manifestó que, en aras de la equidad y la igualdad de derechos, “no podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad”.
El Gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo de paz en 2016 y allí quedó consignado que la desmovilizada guerrilla, cuyo partido ahora se llama Comunes, tiene derecho a 10 escaños en el Congreso de Colombia hasta el 2026.
A partir de esa fecha ese partido debe obtener, como lo hacen otros grupos, los votos necesarios para tener derecho a curules en la Cámara y el Senado.
Deberán responder por la barbarie
La Jurisdicción sorprendió al país al acusar además a los líderes de la guerrilla por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado. “Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, dijo el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, quien cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres tras la toma de Mitú, capital del selvático departamento del Vaupés. Una de las implicaciones de la decisión de la JEP es que a partir de hoy el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC” se denominará “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”. El 4 de julio de 2018 la JEP, que no juzga casos individuales, abrió el primero de siete grandes procesos por el conflicto armado relacionado con “el secuestro de personas por parte de las FARC entre 1993 y 2012”, en el que tiene acreditadas a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública.
