El Gobierno de Ecuador respondió con firmeza a las acusaciones del Gobierno colombiano sobre una supuesta deportación colectiva de ciudadanos presos en cárceles ecuatorianas. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana rechazó haber incurrido en prácticas contrarias al derecho internacional, y aseguró que cada caso ha sido tramitado de forma individual y en estricto cumplimiento de la normativa vigente.
“El proceso se ha desarrollado garantizando el debido proceso, con resoluciones individuales debidamente motivadas y boletas de excarcelación emitidas por autoridades judiciales competentes”, indicó la Cancillería ecuatoriana. Además, reveló que desde el 8 de julio se notificó oficialmente al Consulado de Colombia en Quito sobre los procesos en curso, desmintiendo que las expulsiones se hayan hecho de forma abrupta o sin previa comunicación.
Este pronunciamiento se da en respuesta a la fuerte protesta diplomática emitida el pasado viernes por Colombia, que calificó la decisión de Quito como “unilateral” y denunció la ausencia de protocolos de traslado que permitieran un proceso digno para los ciudadanos deportados. Según Bogotá, la falta de coordinación ha impedido identificar plenamente a los deportados y verificar su situación jurídica.
“Nos sacaron de sorpresa, sin avisos, sin nada”, relató Juan Sebastián Aparicio, uno de los presos deportados, al llegar a territorio colombiano. “Llevábamos un mes sin saber si íbamos a salir o no. Y de repente, hubo un listado y nos sacaron a todos”, añadió.
Las autoridades locales en Ipiales, ciudad fronteriza donde han llegado la mayoría de los expulsados, también expresaron su preocupación. Juan Carlos Morales, secretario de Gobierno del municipio, explicó que la falta de documentación ha dificultado el proceso de recepción. “La mayoría viene indocumentada, y esto fue una modificación reciente en el estatuto migratorio de Ecuador. Nos toca hacer identificación por reseña dactilar, lo que retrasa mucho el proceso”, dijo.
Por su parte, el alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, fue enfático: “No son repatriados, no vienen con los protocolos internacionales de deportación. Vienen arbitrariamente expulsados por Ecuador, y como no tienen antecedentes penales en Colombia, quedan en libertad”.
Hasta la fecha, han sido deportados 590 de los 876 colombianos que permanecían privados de la libertad en Ecuador por delitos como narcotráfico, homicidio, abuso sexual, secuestro y terrorismo. De ellos, al menos 450 ya han cruzado el puente internacional de Rumichaca e ingresado oficialmente al país, mientras otros aún esperan ser procesados en frontera.
Esta ola de deportaciones ocurre en el marco de la política carcelaria del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien a inicios de 2024 ya había anunciado su intención de expulsar a 1.500 colombianos con condenas firmes, como parte de una estrategia para aliviar el hacinamiento en los centros penitenciarios. “Ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas. De acuerdo con la ley ecuatoriana y tratados internacionales, los podemos sacar”, afirmó Noboa entonces.
Por ahora, la Cancillería colombiana mantiene personal en la frontera para facilitar la regularización e identificación de los deportados, al tiempo que evalúa los pasos diplomáticos a seguir ante lo que considera una acción inconsulta y descoordinada por parte del Gobierno ecuatoriano.
