El campo se está quedando sin campesinos

Óscar Osorio Ospina*

Hace 60 años, el presidente Guillermo León Valencia expidió el decreto 135 de 1965 por medio del cual se estableció el Día del Campesino que se celebraría a partir de entonces el primer domingo de junio para honrar el aporte de los empresarios y trabajadores de las zonas rurales. Por aquellos tiempos, la población rural de nuestro país era significativamente mucho más alta que en el presente, descenso que ha venido acompañado por la reducción del mapa agrícola para darle paso a las urbanizaciones y a otro tipo de actividades económicas.

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, desde 1960 Colombia ha experimentado un descenso pronunciado en la población rural, al pasar del 54% en esa época al 26% en el 2000 y al 18% en el 2022. Este comportamiento fue validado en un artículo publicado por La República, un periódico especializado en temas económicos, el cual indica que en 1950, 57 de cada 100 personas vivían en localidades rurales, pero en el 2020 esta cifra disminuyó a 21 de cada 100 personas.

Este comportamiento negativo se atribuye a varios factores. Uno de ellos la violencia que se ha vivido por décadas y la cual ha afectado con mayor fuerza al campo. “Colombia ha sido un país golpeado por el conflicto armado interno, momento histórico que no se puede desconocer cuando hablamos del campesinado colombiano que sin duda ha sufrido uno de los rasgos más significativos del conflicto: la migración del campo hacia la ciudad”, señala un estudio sobre el tema. Y a esta circunstancia se suman otras, como por ejemplo “la disminución de oportunidades laborales, la transformación en los modelos económicos agrícolas y la falta de servicios básicos son solo algunos de los componentes que contribuyen a esta problemática”, tal como lo cita La República.

Envejecimiento rural

Según se concluye de la Encuesta Nacional Agropecuaria, en la estructura poblacional del campo los porcentajes mayoritarios corresponden a personas a tres segmentos: entre 50 y 54 años, de 55 a 59 años y de 60 a 64 años, mientras que sólo el 3.3% de la población de productores agropecuarios se encuentra en el segmento de 15 a 29 años.

Y los pronósticos derivados de esa encuesta no son nada alentadores: “En cuestión de 60 años, la distribución de la población colombiana ha pasado a ser predominantemente urbana. Las dinámicas de migración del campo a la ciudad se han acrecentado a partir de las expectativas de vida de la población juvenil, las cuales son atribuidas a la obtención de un mejor estilo de vida convirtiendo los centros urbanos en polos de atracción para este segmento. En los años cincuenta, el 62% de la población residía en áreas rurales, mientras que para 2019, está relación se ha invertido hasta llegar al 25%; en esta transición demográfica, la concentración de la población entre 15 y 29 años en zonas rurales como porción de la población total se ha reducido de 6,44% a 5,77% entre el censo del 2005 y la mediación del 2018”.

Un análisis realizado por la firma Agrosavia revela que “El envejecimiento de la población rural en Colombia es un fenómeno significativo, donde la proporción de personas mayores de 60 años aumenta con respecto a la población total. Este fenómeno se debe a la transición demográfica, que incluye la disminución de la fertilidad y el aumento de la esperanza de vida. En áreas rurales, el envejecimiento afecta a toda la comunidad y se caracteriza por una mayor proporción de personas mayores que en áreas urbanas”. Y con respecto del relevo generacional, añade: “En Colombia, la falta de relevo generacional se debe a diversos factores, incluyendo la migración de jóvenes a las ciudades, la percepción de bajos ingresos y la falta de acceso a tecnología y capacitación”. 

El caso Risaralda

El economista e historiador, Walter Benavides Antía, analizó para Diario del Otún el comportamiento de este fenómeno, en los siguientes términos:

“A pesar de las buenas intenciones de los gobiernos, es fácil demostrar la continua y permanente desigualdad territorial entre la calidad de vida de lo urbano y lo rural. Las proyecciones de población (DANE) entre el 2020 y el 2030 indican, que la población rural del departamento de Risaralda, viene disminuyendo progresivamente, afectando en grado sumo la producción agropecuaria y la generación de riqueza en el campo.

En el periodo analizado, la población rural de Risaralda ha presentado cambios significativos en su composición y evolución; así, diversos fenómenos como la baja competitividad de algunos productos agrícolas, el permanente mal estado de las vías rurales y el permanente amago de conflicto armado en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató (negado por las autoridades), pero especialmente la búsqueda de mejores oportunidades de empleo, servicios e inseguridad han contribuido a la notoria disminución de la población de las áreas rurales del departamento, para no hablar del su envejecimiento. 

Estos factores han llevado, a la metropolización de la población en el AMCO, sin encontrar el colchón necesario en el municipio de La Virginia, un punto intermedio entre el occidente del departamento, Pereira y Dosquebradas. 

EL despoblamiento, va de la mano de su envejecimiento de la población, sin relevo generacional, trayendo consigo retos para la sostenibilidad del sector agrícola. 

Se ratifica entonces que el éxodo rural dirigido hacia las zonas urbanas ha sido un motor importante de los cambios en cuanto a la distribución espacial de la población, a partir de 1961 con el Plan de Desarrollo “Desarrollo Económico y social 1961-1970”, de Alberto Lleras Camargo. 

Los factores que impulsan la migración rural-urbana persisten. Las desigualdades, ausencia de servicios básicos, falta de oportunidades e inseguridad, obligan a miles de familias a establecerse en zonas urbanas, movilización que tiene como receptores a los municipios de Pereira y Dosquebradas. 

Ahora bien, en cuanto a las consecuencias de este fenómeno, llama la atención que el éxodo rural, ha intensificado la metropolización y urbanización del AMCO, lo que ha traído consigo grandes retos para la planeación del desarrollo. 

Finalmente resaltar tres consecuencias del éxodo 

Por un lado, efectos negativos en la vitalidad social y cultural, asociada a la pérdida de tradiciones y formas de vida arraigadas en estos territorios y sus gentes. 

Segundo, las políticas en materia de conservación y recuperación ambiental, claves para evitar la contaminación y desaparición de ecosistemas y recursos naturales viene quedando sin actores que la defiendan y la conserven.

Y tercero, y la menos no preocupante, es la disminución de seguridad alimentaria que sufre el departamento. Según la Federación Nacional de Centrales de Abastos de Colombia (FNCA), para 2020, Mercasa recibía el 17% de la comida que necesitaba el Área conurbada de Pereira. Para diciembre de 2024, el porcentaje de comida se había reducido al 15% con tendencia a la baja, seguridad sostenida por la producción de frutas.

La conclusión más importante y general está en reiterar que la forma, circunstancias y efectos negativos del éxodo rural persistirán en tanto persistan la desigualdad, inseguridad y falta de oportunidades de la población de las zonas rurales. Si bien es un gran desafío, abre la oportunidad de cambiar la forma en que se está llevando a cabo y, para empezar, se necesita reducir estas desigualdades y ausencia de oportunidades para consolidar cambios que lleven a un mejor equilibrio entre lo rural y lo urbano y garanticen una prosperidad común. 

Lo rural no debería ser visto como sinónimo de atraso sino, por el contrario, reconocido por su valor tanto socioeconómico como ambiental para el desarrollo sostenible”.

Proyección del comportamiento demográfico en Risaralda entre el 2020 y el 2030

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