La reciente orden de captura y reclusión en prisión de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, ha generado una intensa controversia en Colombia. La influenciadora fue condenada a cinco años y dos meses de cárcel por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio público y, de manera más controvertida, instigación a delinquir con fines terroristas.
El caso que dividió opiniones
La condena se dio tras los actos de vandalismo protagonizados por Barrera en 2019, cuando destruyó parte de una estación de Transmilenio durante las protestas contra el gobierno del entonces presidente Iván Duque. El video que ella misma compartió en sus redes sociales se convirtió en la principal prueba en su contra.
Aunque la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, abogados y expertos han cuestionado si la pena privativa de libertad es la medida adecuada para este caso.
Francisco Bernate, abogado penalista y docente de la Universidad del Rosario, afirmó que aunque la condena cumple con los estándares legales, es posible buscar alternativas más constructivas:
“En otros países, se hubiera optado por mecanismos como la reparación simbólica, campañas de prevención o empleo social. Colombia debe superar su cultura punitivista”.
Por su parte, Juan José Gómez Urueña señaló que la sentencia tiene sustento en el Código Penal y cumple con la normativa que impide otorgar prisión domiciliaria para estos delitos. Sin embargo, recordó que Barrera podría acceder a beneficios de libertad condicional dependiendo de su comportamiento en prisión.
Críticas al sistema judicial
Otros expertos como Iván Cancino y Martín Eduardo Botero manifestaron preocupación por el enfoque del sistema judicial colombiano. Cancino cuestionó los fines de la pena privativa de libertad y la proporcionalidad de la condena:
“¿Una condena de cinco años por estos delitos merece tratamiento intramural? Creo que no”.
Botero, especialista en derecho penal europeo, consideró excesiva la calificación de los actos de Barrera como terrorismo:
“Esto abre la puerta a una expansión arbitraria del derecho penal y prioriza sanciones ejemplarizantes sobre soluciones justas”.
Impacto en la vida personal y profesional de Epa Colombia
Además de su reclusión en la cárcel de El Buen Pastor, Barrera enfrenta una inhabilitación para ejercer su actividad como influenciadora durante el periodo de su condena, afectando directamente su principal fuente de ingresos y su vida empresarial.
Entre lágrimas, la creadora de contenido expresó:
“Qué triste salir de mi peluquería y que todo mi equipo de trabajo me vea subiéndome para que me lleven al búnker de la Fiscalía”.
Un debate que trasciende el caso individual
La controversia alrededor del caso de ‘Epa Colombia’ refleja tensiones más amplias sobre el sistema judicial en el país, los límites del derecho penal y el papel de los influenciadores en la sociedad contemporánea. Si bien sus actos no están exentos de responsabilidad, el debate sigue abierto sobre si esta condena cumple con los principios de justicia, proporcionalidad y reintegración social.
