El Juez 14 de garantías de Pereira declaró legal la captura de presunto homicida del padre Valencia

En una breve audiencia, fue legalizada la captura de Julián Eduardo Cifuentes Gómez, procesado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Este sujeto, quien en la noche del jueves arribó al país, proveniente de París, donde fue capturado, es el confeso homicida del sacerdote Darío Valencia Uribe.

Debido a otros compromisos del juez 14 de Garantías, este optó por aplazar las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento para el próximo lunes a las 9:30 de la mañana, pues según dijo, su interés es concentrarse en este caso y no tener ningún tipo de interrupciones en las mencionadas diligencias, con lo cual estuvieron de acuerdo tanto el fiscal  4 especializado de Risaralda, como la defensa. Por parte del representante de la Diócesis, Renato Marín, este indicó que acudiría el abogado suplente, toda vez que él estará en las audiencias del ex alcalde Diego Ramos.

Durante la audiencia de legalización de captura el juez decidió no legalizar la incautación del teléfono celular de Cifuentes Gómez.

Recordemos que la desaparición del padre Darío Valencia ocurrió el 25 de abril de 2024 y tal y como él mismo lo narró a la comisión de la Policía Judicial y Fiscalía que lo entrevistó en París, Cifuentes trasladó el cuerpo de la víctima en su camioneta y lo arrojó en un abismo en Belalcázar (Caldas). Posteriormente quiso deshacerse de las pertenencias del padre; sin embargo, su rostro quedó grabado en cámaras de seguridad de la ciudad como última persona en tener contacto con el párroco antes de su desaparición, lo cual dio inicio a la investigación en su contra.

También vale la pena señalar que, si bien Cifuentes Gómez en un interrogatorio confesó el crimen y dio las coordenadas para ubicar el cuerpo en zona rural de Belalcázar, Caldas, él podría no aceptar los cargos en la audiencias imputación y buscar un preacuerdo con la Fiscalía que lo favorezca con una superior rebaja de la pena. 

Por razones de seguridad, el procesado continuará en Bogotá, no será trasladado a Pereira. 

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