La propuesta de financiar la segunda etapa de la avenida Los Colibríes utilizando este instrumento de recaudo de recursos para obras públicas ha desatado una candente polémica. Aquí les contamos un poco sobre la historia de la valorización en Pereira desde sus orígenes hasta el presente.
Óscar Osorio Ospina
Mientras en ciudades vecinas como Manizales y Armenia la contribución por valorización se ha consolidado como uno de los más efectivos instrumentos para la ejecución de obras de infraestructura vial, en Pereira esta figura fue satanizada hace algunos años principalmente por razones de tipo político y electoral.
Por ello, una propuesta como la presentada hace algunos días por Diana Janeth Osorio, secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Pereira, enfocada a financiar la segunda etapa de la Avenida Los Colibríes utilizando, ha despertado una encendida polémica y seguramente será uno de los caballos de batalla de la próxima contienda por el gobierno municipal. El costo mismo de la inversión proyectada, unos $260.000 millones, y el corto ámbito de aplicación de los derrames de valorización y plusvalía, han dado lugar a toda suerte de opiniones y de conceptos, unos a favor y otros en contra. Así que aquí trataremos de abrirles espacio a unos y a otros.
Los orígenes
El ex alcalde e historiador Jairo Arango Gaviria señala que en Pereira se crearon los impuestos de valorización y de pavimentación mediante acuerdo 68 de 1936, al amparo de la ley 25 de 1921 que le dio vida a este instrumento en el país.
En el 2001, durante el mandato de la alcaldesa Martha Elena Bedoya, se expidió el decreto municipal 709 por medio del cual se restructuró la administración y se dispuso la liquidación del Instituto de Desarrollo Urbano y Valorización, Induval, creado en 1988. Y con el propósito de retomar la contribución de valorización se adoptó el Estatuto de Contribución de Valorización (acuerdo 122 de 1998).
Gracias a los aportes de los pereiranos a través de la valorización, fueron muchas las obras que se ejecutaron en la ciudad, catapultando su desarrollo en infraestructura vial y movilidad. Entre ellas, la doble calzada Pereira – Ceritos; la segunda calzada de la avenida de las Américas; la avenida 30 de agosto; la carrera 6a; la carrera 13; el plan de obra 50/50; la carretera Crucero de Combia – El Pílamo y la avenida Belalcázar.
Sin embargo, la valorización como tal sufrió un duro revés durante el mandato del segundo alcalde popular, César Castillo Ramírez, quien propuso el Plan de Obras 90/90 que se financiaría por esta vía. En una cerrada votación, los pereiranos derrotaron en las urnas esa posibilidad, dejando a la ciudad sin recursos para ejecutar 33 obras (cinco de interés general y 28 de impacto local).
El plan de Vásquez
Durante el gobierno del alcalde Enrique Vásquez Zuleta se propuso la ejecución de seis paquetes de obras para mejorar la movilidad por $85.000 millones. Tales obras eran las siguientes: carril mixto de la avenida 3º de agosto para agilizar el tráfico vehicular, intersección vial UTP – Canaán, conexión comuna El Poblado, terminación del Anillo Longitudinal, integración avenida Ricaurte-Bavaria y obras complementarias y obras de integración peatonal sobre la avenida del Ferrocarril.
El derrame de esta contribución, de la que habían sido exonerados los estratos 1 y 2, estaba proyectado en 10 comunas y 67.031 contribuyentes, con aportes que iban desde $351.935 hasta $2.281.483 según el estrato y con un plan de pago a dos años. Entre el 19 y el 30 de enero de 2015 se habilitaron en el Coliseo Mayor 20 mesas para notificar a los contribuyentes que debían pagar este derrame de valorización, autorizado mediante Acuerdo 038 del 2013, pero sólo acudieron allí 25.000 personas.
Por entonces ya estaba en marcha una abierta campaña en contra de la aplicación del instrumento de valorización, alentada por dirigentes como Carlos Alfredo Crosthwaite y Daniel Silva Orrego, así como por aspirantes a la Alcaldía de Pereira, caso concreto de Juan Pablo Gallo quien a la postre resultó elegido sucesor de Vásquez Zuleta.
En el 2016, un año después de su aplicación, un juez suspendió el cobro del gravamen, decisión que fue confirmada después en segunda instancia. Por ese entonces, el alcalde Juan Pablo Gallo había decidido emprender las obras con recursos propios, lo cual se hizo en efecto.
El secretario de Hacienda de la época, Carlos Maya, al explicar el alcance del fallo judicial que suspendió el cobro, indicó que éste no obligó al Municipio a devolver el dinero recaudado ni al pago de intereses. Esto solo se podría hacer en el caso de que contribuyentes interpusieran una acción de grupo y un juez ordenara reintegrarlos, pero la Alcaldía decidió hacerlo por su voluntad, sin embargo, los contribuyentes no recibirían los intereses que produjo ese dinero en las cuentas bancarias de la Alcaldía de Pereira durante dos años. Así que en octubre de 2018 la Alcaldía de Pereira habilitó el sitio web www.obrasvalorizacion.com para que unas 18.000 personas reclamaran la devolución de alrededor de $22.874 millones.
Colibríes por valorización
Diana Janeth Osorio, Secretaría de Infraestructura de Pereira, ha dicho que la segunda etapa de Los Colibríes costará alrededor de $258.000 millones y que unos de sus principales componentes es la gestión predial.
Reconoció la funcionaria que para hacer realidad esta obra, sin la cual la primera etapa (aún inconclusa) no representaría ningún aporte a la movilidad del sector, es necesario explorar mecanismos financieros alternativos, entre ellos la plusvalía y la valorización, además del aporte de recursos públicos.
Y, agregó, que en el caso de los derrames y contribuciones, éstos se aplicarían en las áreas que experimenten un incremento significativo en el valor de sus propiedades gracias a las obras proyectadas en este corredor vial. Para el caso de Cerritos hoy por hoy se estima que hay allí alrededor de 20.000 inmuebles, pero no todos son de estratos altos, por cuanto existen zonas de estratos 1 y 2, así como áreas de invasiones, que obviamente no tienen capacidad de pago.
El ex concejal y ex diputado, Carlos Alfredo Crosthwaite, quien se ha caracterizado por su férrea oposición a la valorización desde décadas atrás, señaló que su postura obedece a que la administración municipal no ha sido eficiente ni en el cobro y ni en el manejo de contribuciones como éstas, por lo que al aplicar un tributo de esta naturaleza se debe obrar con justicia y equidad, tal como ocurrió en su momento con la Avenida Belalcázar. Añadió que en el caso de la segunda etapa de Los Colibríes, es necesario adelantar previamente un estudio serio para determinar la capacidad real de pago de los contribuyentes ubicados en su zona de influencia.
A su vez, el ex concejal Steven Cárdenas argumenta que en principio parecería excesivo aplicar los derrames de valorización a unos 20.000 contribuyentes del sector de Cerritos considerando el alto costo que implica esta segunda etapa. Y en cuanto al otro instrumento, el de la plusvalía, aseguró que en 19 años en la ciudad apenas se han recaudado por este concepto alrededor de $19.000 millones, mientras que existe una cartera de $55.000 millones que está en proceso de reclamos o de demandas.
El ex alcalde Jairo Arango Gaviria, es uno de los partidarios de aplicar el instrumento de valorización para ejecutar obras de movilidad e infraestructura y aseguró que la satanización del mismo se ha convertido en un factor de atraso para la ciudad en este campo. De paso reconoció que en un proceso electoral como el que se avecina, muy seguramente los candidatos a la Alcaldía o al Concejo se opondrán al mismo por razones meramente políticas.
En cuanto a la eficiencia en el manejo del recaudo y manejo de los recursos públicos, hay un tema adicional que puso sobre la mesa el ex diputado Crosthwaite: aseguró que al cierre de la vigencia fiscal del 2024 la Secretaría de Hacienda de Pereira castigó una cartera por $354.601 millones, de los cuales $242.376 millones corresponden al impuesto predial, una cifra similar a la que se requiere para Los Colibríes 2.
