La decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional del Gobierno sufrirá un retraso de al menos 30 días debido a un error administrativo en la Secretaría del alto tribunal. Este incidente ocurre en un contexto de creciente tensión entre el presidente Gustavo Petro y la rama judicial.
El retraso se debe a que no se resolvió oportunamente un impedimento presentado por la magistrada Diana Fajardo. En septiembre del año pasado, Fajardo solicitó apartarse de la discusión debido a que había utilizado acciones judiciales para trasladar su pensión desde un fondo privado a Colpensiones, lo que podía comprometer su imparcialidad. Sin embargo, por un error en la Secretaría de la Corte, su solicitud no fue debatida y el proceso continó sin la suspensión de términos que correspondía.
Este error administrativo pasó desapercibido hasta que la Corte ya había avanzado significativamente en el estudio del caso. La ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez respaldaba la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la senadora Paloma Valencia, argumentando que en el Congreso se violó el principio de consecutividad. Según la demanda, la Cámara de Representantes aprobó el texto del Senado sin deliberación ni la posibilidad de discutir las más de 700 proposiciones presentadas.
El error en la Secretaría de la Corte resultó en que la Procuraduría General de la Nación emitiera un concepto que ahora no puede ser tenido en cuenta. Por ello, este lunes se emitirá un auto para aceptar el impedimento de Fajardo y otro para solicitar al nuevo procurador general, Gregorio Eljach, un nuevo concepto en un plazo de 30 días.
El retraso en la decisión de la Corte ocurre en la antesala de la implementación de la reforma pensional en julio, lo que podría agravar la tensión entre el Gobierno y el alto tribunal. La relación entre ambas instancias ya se encuentra fracturada tras la negativa del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, de asistir a una reunión convocada por Petro para discutir el futuro de la rama judicial. A esta decisión también se sumó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo que llevó a una respuesta contundente del mandatario: “Yo soy el jefe de Estado”.
La Corte Constitucional ha enfrentado casos similares en el pasado, como la revisión de la reforma tributaria de 2023, en la que tumbó varios artículos clave del Gobierno. Sin embargo, con la reciente llegada del magistrado Miguel Polo, elegido con el respaldo del Pacto Histórico, el desenlace de la decisión podría ser distinto.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste en torno a la implementación de la reforma pensional. Con la decisión de la Corte programada apenas semanas antes de la entrada en vigor del nuevo sistema, el debate político y jurídico promete intensificarse en los próximos meses.
