El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró oficialmente el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, un documento de 20 páginas firmado por el mandatario y la totalidad de su gabinete ministerial.
En el decreto, el Ejecutivo advierte que el país enfrenta una “situación grave e inminente” que compromete la estabilidad fiscal del Estado y su capacidad para garantizar derechos fundamentales. La declaratoria tendrá una vigencia inicial de 30 días, durante los cuales el Gobierno podrá expedir decretos legislativos con fuerza de ley, sujetos al control posterior de la Corte Constitucional.
Una crisis fiscal que el Gobierno califica como “grave”
Según el documento, la Nación atraviesa una crisis que supera los márgenes normales de manejo fiscal. El Gobierno sostiene que existe una incapacidad para garantizar el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales, como consecuencia de un desbalance fiscal que adquirió carácter crítico.
El Ejecutivo argumenta que el archivo de la reforma tributaria no es un hecho aislado, sino el punto culminante de una acumulación de presiones financieras, agravadas por gastos rígidos y obligaciones inaplazables que no pueden recortarse sin afectar directamente a la población.
El fracaso de dos reformas tributarias consecutivas
Uno de los ejes centrales del decreto es la referencia al archivo de dos reformas tributarias impulsadas por el actual Gobierno. La primera buscaba recaudar cerca de $12 billones, mientras que la más reciente aspiraba a obtener $16,3 billones, recursos considerados indispensables para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
Para el Gobierno, la imposibilidad de obtener estos ingresos por la vía legislativa profundizó el desbalance fiscal y obligó a acudir a los mecanismos excepcionales previstos en la Constitución.
Las ocho causas que precipitaron la emergencia
El Decreto 1390 enumera los factores que llevaron a la declaratoria de emergencia económica. Entre los principales se destacan:
El pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud.
El deterioro del orden público y los riesgos para líderes sociales.
Los efectos de la ola invernal y las emergencias humanitarias.
Los subsidios a la energía en regiones vulnerables.
Sentencias judiciales pendientes por $1,5 billones.
Obligaciones contractuales vencidas por $5,1 billones y deudas con víctimas del conflicto armado por $1,6 billones.
Restricciones al endeudamiento derivadas de la regla fiscal.
Limitaciones de caja en la Tesorería Nacional que afectan el flujo de pagos.
Según el Ejecutivo, este conjunto de variables configura una situación excepcional que no puede atenderse con los instrumentos ordinarios del presupuesto.
Qué podrá hacer el Gobierno durante la emergencia
Con la emergencia vigente, el Gobierno queda facultado para expedir decretos “necesarios para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”. Aunque el decreto no detalla medidas específicas, sí fija lineamientos generales.
Entre ellos, se prioriza la adopción de impuestos directos e indirectos dirigidos a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad contributiva, así como tributos orientados a corregir externalidades negativas ambientales y de salud pública.
Cambios en IVA, patrimonio y sector financiero
El decreto anticipa que se evaluarán ajustes al impuesto al valor agregado (IVA), en especial en tarifas diferenciales y tratamientos especiales frente a la tarifa general del 19%, lo que podría traducirse en incrementos para ciertos bienes y servicios.
Asimismo, el Gobierno plantea la creación de un impuesto al patrimonio para personas naturales con un enfoque más progresivo, un aumento en la tributación del sector financiero y el fortalecimiento de los impuestos saludables, que gravan bebidas alcohólicas y productos como los vaporeadores.
Medidas aún en definición
Aunque en días previos circularon borradores con propuestas como elevar el 4×1.000 al 5×1.000, imponer IVA a licores, cigarrillos y apuestas en línea, o crear un impuesto a la extracción de combustibles fósiles, el Decreto 1390 no consigna estas medidas de forma expresa.
Su eventual adopción dependerá de los decretos legislativos que el Gobierno expida durante los 30 días de emergencia, periodo en el que el país entrará en una fase decisiva de ajustes fiscales bajo un régimen excepcional.
