Investigan posibles anomalías en proceso de contratación relacionado con nube privada para el Ministerio de Educación Nacional.
La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra Dalila Astrid Hernández Corzo, exsecretaria general del Ministerio de Educación Nacional (MEN); Karen Ezpeleta Merchán, exsubdirectora de contratación del MEN; y Roger Quirama García, exjefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. La investigación se centra en posibles irregularidades en una licitación de UNE-EPM Telecomunicaciones con un valor superior a $3.400 millones.
Se investigan los hechos relacionados con un contrato de nube privada para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y secretarías de educación. En dicho proceso, la empresa UNE-EPM Telecomunicaciones fue seleccionada por considerarse la oferta más favorable. Sin embargo, la Procuraduría cuestiona esta decisión, ya que la compañía no incluyó el Impuesto de Valor Agregado (IVA) en los ítems a contratar, a pesar de ser obligatorio. Esto resultó en un costo inferior en comparación con los demás, lo que motivó su elección para realizar el proyecto.
La oferta fue adjudicada por más de $3.400 millones, a pesar de que el valor real debería haber sido de $4 mil millones, según explicó la Procuraduría. Debido a esto, se formularon cargos contra Hernández Corzo, quien es señalada de presuntamente dar la orden de compra de una oferta que no era la más favorable en términos financieros para la entidad, incurriendo así en el deber de selección objetiva. Por su parte, a Ezpeleta Merchán se le formularon cargos por no verificar el cumplimiento de los requisitos en la oferta presentada.
Por último, Roger Quirama García, exjefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, es cuestionado por haber vulnerado el deber de selección objetiva. En consecuencia, el ente de control calificó esta conducta como una falta gravísima.
