La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves 18 de diciembre medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), dentro del proceso penal que se les adelanta por el desvío de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
La decisión fue adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero, quien consideró que, pese a que la Fiscalía General solicitó inicialmente detención domiciliaria, la gravedad de los hechos investigados, relacionados con corrupción administrativa y manejo de recursos públicos, hacía necesaria una medida más severa. Según explicó, la detención domiciliaria debe entenderse como secundaria o sustitutiva, y no como principal, cuando se trata de conductas de alta lesividad social.
De acuerdo con la investigación, Bonilla y Velasco habrían participado en un esquema para direccionar contratos de obra, infraestructura e intervención con el fin de “comprar” el apoyo de un grupo de congresistas a proyectos y reformas del Gobierno. Para el Tribunal, ambos exfuncionarios actuaron cuando estaban en pleno ejercicio de sus cargos ministeriales, con control efectivo sobre recursos públicos y capacidad real para ordenar su asignación.
En el caso de Ricardo Bonilla, la magistrada subrayó que, como jefe de la cartera de Hacienda, tenía poder directo sobre el manejo y destinación de los recursos. Frente a Luis Fernando Velasco, se destacó su contacto permanente con congresistas, lo que habría facilitado la articulación del presunto entramado. Para el despacho, nada se dejó al azar y existió una “división de tareas” dentro de una empresa criminal orientada a direccionar cupos indicativos y proyectos.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. En audiencia del 1 de diciembre, ambos exministros rechazaron los cargos. No obstante, el Tribunal dio plena credibilidad a los testimonios de Olmedo de Jesús López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, así como a la declaración de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, quien aseguró haber presenciado reuniones en las que se impartieron instrucciones precisas para entregar contratos solicitados por congresistas.
En su análisis, la magistrada afirmó que los hechos no fueron episódicos ni esporádicos y resaltó la existencia de un “cónclave” realizado el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, con participación de altos funcionarios, donde —según el fallo— se consolidó el esquema de direccionamiento contractual. Para el Tribunal, las declaraciones guardan coherencia y evidencian conocimiento y participación activa de Bonilla y Velasco.
Finalmente, el despacho advirtió que las conductas atribuidas envían un mensaje equivocado a la sociedad, al minar la credibilidad de las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo, razón adicional para imponer una medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso judicial.
