La crítica situación humanitaria en el Catatumbo ha llevado al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, a declarar la urgencia manifiesta y la emergencia humanitaria mediante los decretos 0042 y 0043 del 20 de enero de 2025. La medida busca movilizar recursos para atender a más de 20.000 personas desplazadas debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias dirigidas por alias Calarca.
En rueda de prensa, Villamizar afirmó:
“Hemos decretado la emergencia social y económica para poder, a través de acciones urgentes, continuar la atención de las víctimas y desplazados que se encuentran en Tibú, Ocaña y también en Cúcuta. Estas acciones permiten redirigir el presupuesto para adquirir alimentos, medicinas, colchonetas, ventiladores, ropa y otros elementos necesarios para la comunidad”.
Asimismo, el gobernador destacó la necesidad de apoyo interinstitucional y mencionó la ayuda prometida por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el Ministerio de Igualdad, la Unidad de Víctimas, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la solidaridad de los habitantes del departamento.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que en apenas cinco días alrededor de 20.000 personas han huido de sus hogares en el Catatumbo. En colaboración con la Misión de la ONU en Colombia y la Fuerza Pública, continúan las labores de evacuación, pero la capacidad de respuesta institucional está al límite. Marín hizo un llamado urgente por la paz en la región:
“El Catatumbo clama paz e igualdad. Las comunidades necesitan soluciones inmediatas para garantizar su seguridad y su dignidad”.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre la magnitud de la violencia: al menos 60 homicidios, el confinamiento de más de 1.000 personas, incluidos 23 pueblos indígenas Bari y Yukpa, y el desplazamiento forzado de más de 18.000 personas. Además, se han registrado 30 secuestros y la desescolarización de 46.000 niñas, niños y adolescentes debido a los combates.
Entre los líderes asesinados se encuentran los defensores de derechos humanos Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero, mientras que líderes sociales han tenido que desplazarse junto a sus familias por temor a represalias.
El personero de Teorama, Celso Rincón, instó a la habilitación de un corredor humanitario para atender a las comunidades confinadas en condiciones extremas.
“Necesitamos al menos 24 horas para abastecer a las comunidades, evacuar a los heridos, recoger los cuerpos sin vida y monitorear la situación. Sin embargo, esto ha sido imposible hasta ahora”, afirmó Rincón.
La crisis en el Catatumbo expone una alarmante combinación de violencia, desplazamiento masivo y vulneración de derechos humanos. Las autoridades locales y organismos internacionales hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional para aliviar el sufrimiento de miles de personas que claman por ayuda inmediata y un futuro en paz.
