El Gobierno colombiano defendió este sábado el rol de los exjefes paramilitares designados como gestores de paz, luego de que 16 de ellos anunciaran su renuncia al considerar que su función era “meramente simbólica” debido a los presuntos incumplimientos de la Consejería Comisionada para la Paz.
A través de un comunicado, la Consejería respondió a las críticas afirmando que “la satisfacción de los derechos de las víctimas es fundamental”, y reafirmó que las designaciones actuales, cuya prórroga se extiende hasta el 8 de julio, seguirán vigentes y serán evaluadas por el presidente Gustavo Petro, basándose en los avances alcanzados.
Entre los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que renunciaron figuran figuras como Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar. Ellos acusaron a la Consejería de “falta de transparencia”, “dilaciones sistemáticas” y “abierta insubordinación”, lo que, según ellos, ha obstaculizado la implementación de sus funciones en el proceso de paz.
Las AUC, el grupo paramilitar más sanguinario del conflicto armado colombiano, se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno de Álvaro Uribe, a cambio de una condena de penas de máximo ocho años de cárcel si colaboraban en el esclarecimiento de crímenes. Sin embargo, varios de los líderes perdieron esos beneficios y fueron extraditados a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
El Gobierno insistió en que la figura de los gestores de paz no busca reabrir negociaciones con las AUC, sino cerrar temas pendientes, especialmente en lo relacionado con el incumplimiento de compromisos del Estado con las víctimas del paramilitarismo. La Consejería destacó que algunos de los gestores han contribuido a la búsqueda de personas desaparecidas y al reporte de bienes con potencial de reparación.
“No se trata de abrir una nueva negociación con las AUC, sino de facilitar acciones en favor de las víctimas”, aclaró el comunicado del Gobierno.
