La senadora Angélica Lozano, miembro de la Alianza Verde, ha encendido las alarmas al denunciar un severo recorte presupuestal del 77,4 % en la Registraduría y del 54,2 % en el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que podría comprometer el adecuado desarrollo de las elecciones de 2026. A través de una serie de trinos, Lozano advirtió sobre las graves consecuencias que podría tener esta reducción de recursos, ya que ambas entidades necesitan el presupuesto suficiente para organizar los comicios y contratar los servicios requeridos desde 2025.
La Registraduría había solicitado un presupuesto de 3,2 billones de pesos para 2025, pero el Gobierno Nacional lo ajustó a tan solo 732.220 millones, un recorte de 2,5 billones de pesos. En el caso del CNE, la reducción fue de 1,06 billones a 488.867 millones de pesos, lo que representa 577.995 millones de pesos menos para el órgano electoral.
Lozano cuestionó públicamente la decisión del Ejecutivo, señalando que estos recursos se están redirigiendo a rubros de funcionamiento del Ministerio de Hacienda. “¿Por qué quitarle autonomía a la Registraduría en 2025, cuando es el año en que se deben preparar las elecciones de 2026?”, expresó la senadora, señalando la importancia de comenzar los preparativos un año antes de los comicios.
El registrador Hernán Penagos, aunque no se ha pronunciado directamente sobre este nuevo recorte, había señalado previamente que el impacto presupuestal en 2023 no afectaría significativamente las elecciones, ya que los contratos clave se ejecutarían en 2025. Sin embargo, con la nueva reducción, la situación cambia drásticamente y amenaza con dejar a la Registraduría sin los recursos necesarios para cumplir con sus funciones.
Penagos también se refirió a este problema durante un discurso ante la ONU, donde subrayó los riesgos que enfrenta la autonomía de los organismos electorales en Latinoamérica, especialmente cuando dependen de presupuestos aprobados por el Ejecutivo. Según el registrador, esta dependencia compromete su capacidad para actuar como árbitros imparciales en los procesos democráticos.
Con esta situación en el horizonte, las comisiones económicas del Congreso tendrán que debatir y votar sobre el presupuesto antes del 25 de septiembre, lo que deja poco tiempo para posibles ajustes. La denuncia de la senadora Lozano ha puesto en el centro del debate la importancia de garantizar la independencia y el adecuado financiamiento de las instituciones electorales, cruciales para preservar la democracia en Colombia.
