La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la apertura de una investigación contra el ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa Ulloa, por presunta extralimitación de funciones. El ente de control está investigando si Correa incurrió en esta práctica al convocar al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional para nombrar un rector provisional.
La investigación se centra en una resolución firmada por Correa que ordenó al CSU nombrar un rector encargado en medio de una disputa sobre la legitimidad del rector José Ismael Peña. La Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que la investigación responde a una queja interpuesta por Peña, quien afirmó en redes sociales que la decisión se tomó “sin que se cuente con el pronunciamiento de autoridades judiciales” y que “viola la autonomía universitaria y desconoce principios fundamentales del derecho como el del debido proceso”.
Además, la Procuraduría se basó en denuncias de medios de comunicación que reportaron que Correa dio un plazo de 24 horas para que se realizara la reunión del CSU. Este acto buscaba resolver la legitimidad de la posesión de Peña, quien fue designado rector por el CSU y se posesionó el pasado 3 de mayo ante una notaría en Bogotá, en lugar de hacerlo ante el Ministerio de Educación como es habitual.
La entidad también evaluará las instrucciones emitidas por Correa para adoptar medidas que permitieran superar la vacancia de la representación estudiantil en el CSU. La representación estudiantil, ocupada por Sara Jiménez, quedó vacante tras su renuncia, que se produjo después de la designación de Reyes y tras recibir ataques y hostigamientos en redes sociales por supuestamente haber apoyado a Reyes en la votación.
Como parte de su actuación, la Procuraduría ha solicitado la práctica de pruebas para determinar si hubo una conducta constitutiva de falta disciplinaria y si se actuó bajo una causal de exclusión de responsabilidad.
Esta investigación refleja las tensiones y desafíos dentro de la Universidad Nacional respecto a la autonomía universitaria y la legitimidad de los procedimientos administrativos. La comunidad universitaria y las autoridades estarán atentas a los resultados de esta investigación y sus implicaciones para la gobernanza de la institución.
