El presidente Petro ha tomado la decisión de levantar el cese al fuego con el Estado Mayor Central (EMC), un grupo de disidencias liderado por Iván “Mordisco”, que ha infringido el acuerdo de paz en más de 200 ocasiones. Este movimiento se produce luego del atentado perpetrado contra un grupo de indígenas en Toribío (Cauca), que resultó en la trágica muerte de la líder indígena Carmelina Yule y dejó a dos personas más gravemente heridas.
El cese al fuego, que había sido mantenido desde octubre de 2023, llegó a su fin luego de que el presidente Petro suspendiera dicho acuerdo mediante un decreto, como respuesta directa a la violencia desatada por el EMC. Las redes sociales han sido testigo de un video que muestra el momento en que los guardias indígenas fueron atacados a tiros por los insurgentes, a pesar de haberse identificado como desarmados.
El presidente Petro ha ordenado la reanudación de operaciones militares y policiales en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, a partir del próximo miércoles 20 de marzo de 2024, debido a las múltiples violaciones del acuerdo por parte del EMC. Organizaciones como el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) y la Coordinadora Humanitaria han documentado un considerable número de violaciones por parte de este grupo, tanto en el pasado como recientemente.
El mandatario colombiano ha denunciado públicamente al EMC, acusándolos de narcotraficantes y de aprovechar el proceso de paz para fortalecer su poderío militar y financiarse a través de actividades ilícitas. En un extenso mensaje en redes sociales, Petro recordó una famosa tesis de Marx, sugiriendo que aquellos que viven del narcotráfico terminan adoptando su mentalidad.
La organización InSight Crime ha estado investigando el vínculo del EMC con el narcotráfico, destacando su presencia en regiones estratégicas para el tráfico de drogas como Norte de Santander, Arauca, Meta, Guaviare y Putumayo. Este involucramiento en actividades ilícitas les ha proporcionado acceso a importantes corredores de narcotráfico con destino a Centroamérica y Brasil.
En medio de estas revelaciones, Colombia enfrenta un desafío crítico en su búsqueda por mantener la paz y la estabilidad en la región, mientras lucha contra grupos criminales que buscan socavar los esfuerzos de reconciliación nacional.
Las prórrogas que había dado el Gobierno Petro
En octubre del 2023 el Gobierno Petro había pactado cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central, disidencias de las extintas Farc, el cuál estuvo vigente hasta enero de este año. En ese tiempo fijaron los equipos negociadores las reglas y los parámetros que tanto las Fuerzas Militares como las disidencias deberían seguir para mantenerse en las negociaciones y desembocar en el acuerdo de paz.
Así que con esas condiciones prorrogaron el alto al fuego por seis meses más, hasta el 15 de julio. Sin embargo, en el desarrollo de ese anuncio tuvo diferentes denuncias de la población civil donde advertían que el EMC estaba violando los acuerdos, principalmente en los tres departamentos donde se suspenderán los ceses al fuego.
Ahora la Presidencia consideró que en los departamento de Nariño, Cauca y Valle del Cauca las disidencias han incumplido los presupuestos fundamentales del acuerdo pactado atacando a la población civil, a las autoridades civiles y a los integrantes de la Fuerza Pública.
“Los ataques de las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP a la población civil, incluyendo a organizaciones y líderes sociales que se han resistido a sus acciones violentas en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, han generado una situación de amenaza y vulneración de derechos y libertades que exige la intervención de la Fuerza Pública y de las instituciones del Estado en su conjunto”, se lee en el decreto que fue firmado por el presidente Gustavo Petro este fin de semana.
La ONU también se había pronunciado ante las denuncias que habían realizado varios habitantes del territorio Pueblo Nasa de Toribio que tuvieron lugar el sábado. Condenando los acontecimientos y advirtiendo que lo sucedido está pasando contra una comunidad protegida.
“Estos hechos ocurren en un territorio y contra una comunidad con medidas colectivas de protección de la CIDH, y dos días después del segundo aniversario del homicidio del thuthenas Miller Correa, quien pertenecía a esta comunidad”, cuestionó la ONU.
Indígenas afectados por los ataques
La lideresa indígena colombiana Carmelina Yule Paví, herida el sábado en un ataque de disidentes de las FARC en el convulso departamento del Cauca (suroeste), y que llevó al Gobierno a suspender el cese el fuego bilateral con ese grupo en tres departamentos, falleció este domingo por la gravedad de las heridas sufridas.
Así lo informó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que detalló que la mujer de 52 años “falleció por la gravedad de sus heridas” y aseguró que “este crimen de lesa humanidad” cometido por el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, “no puede quedar en la impunidad”.
La lideresa, agregó la información, fue “capitana de su vereda, tejedora” y coordinó el “Tejido Mujer” del resguardo de Toribío, donde fue asesinada cuando intentaba impedir que miembros de la columna Dagoberto Ramos del EMC, grupo con el que el Gobierno negocia la paz, se llevaran a un menor de edad indígena.
Otras dos personas resultaron heridas en ese ataque, por lo que el Gobierno suspendió este domingo en tres departamentos el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central.
