En medio de un clima político cada vez más tenso, el Gobierno del presidente Gustavo Petro estaría decidido a expedir el decreto para convocar una consulta popular antes del 12 de junio, pese a que la plenaria del Senado ya se pronunció en contra. El propio ministro de la Política, Armando Benedetti, confirmó que ya existe un borrador del decreto y que esta semana se sostendrán reuniones clave para blindarlo jurídicamente.
“La consulta va porque va”, ha insistido el presidente Petro, haciendo caso omiso a las advertencias de la oposición, juristas y académicos sobre los riesgos de una eventual ruptura institucional. El alto Gobierno interpreta que, al haber vencido el pasado 1 de junio el supuesto plazo para que el Senado se pronunciara, queda habilitado para decretar unilateralmente el mecanismo de participación popular.
Sin embargo, voces expertas advierten que esta interpretación no solo es controversial, sino jurídicamente insostenible. Luis Guillermo Guerrero, exmagistrado de la Corte Constitucional, señaló en entrevista con EL COLOMBIANO que “el Presidente de la República no puede, por sí y ante sí, declarar inexistente una decisión del Congreso”. A su juicio, cualquier irregularidad debería ser planteada ante una instancia judicial, no corregida por decreto.
La ley establece de manera explícita que una consulta popular solo puede ser convocada con concepto favorable del Senado. La negativa ya fue certificada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien advirtió que si el Gobierno emite el decreto, acudirán de inmediato al Consejo de Estado: “Estoy seguro de que les tumban eso por arbitrario”.
Desde la sociedad civil también llegan alertas. Alejandro Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), advirtió que la insistencia del Ejecutivo “implica el desconocimiento de la separación de las ramas del poder y un mensaje de ruptura institucional”. Añadió que, sin el aval del Senado, el Gobierno carece de facultades para decretar una consulta.
Aunque inicialmente se había mencionado el 12 de junio como fecha tentativa, fuentes del alto Gobierno señalaron que el decreto podría firmarse incluso antes, si los asesores logran consolidar su blindaje jurídico. El ministro Benedetti sostuvo que no se discute si habrá decreto, sino cómo hacerlo: “Ya hay una columna vertebral de este decreto”.
En medio de la incertidumbre jurídica y política, lo que queda claro es que la eventual consulta, aún sin fecha definida ni contenido oficial, se ha convertido en una línea de confrontación directa entre el Ejecutivo y el Legislativo, con el riesgo de un nuevo pulso en los estrados judiciales.
