La Corte Suprema de Justicia ha decidido no investigar al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por el delito de tráfico de influencias. La decisión está relacionada con una denuncia interpuesta en 2019, en la que se acusaba a Uribe de haber presionado a la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Miryam Martínez, durante una convención del Partido Centro Democrático.
La denuncia surgió a partir de un incidente en el cual Uribe, en su calidad de senador, realizó una llamada telefónica a Miryam Martínez. Según la denuncia, Uribe habría hecho un reclamo a Martínez, lo que algunos interpretaron como una posible tentativa de influir en las decisiones de la agencia.
Sin embargo, la Corte Suprema determinó que no existen pruebas suficientes para proceder con una investigación formal contra el exsenador. La Sala consideró que el material probatorio examinado “permite razonablemente concluir que en el caso bajo estudio no se está en presencia de un hecho penalmente relevante”.
Debido a la falta de tipicidad en la conducta de tráfico de influencias de servidor público o de cualquier otro delito, la Corte decidió inhibirse de abrir instrucción al exsenador.
