Granada (Antioquia).– La primera jornada de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del subcaso Antioquia, en el macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dejó serios señalamientos contra el hoy general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, por hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2003.
La diligencia, realizada este 4 de diciembre en Granada, contó con la participación de comparecientes de la IV Brigada del Ejército Nacional, entre ellos siete militares imputados como máximos responsables dentro de la estructura investigada del BAJES. Las audiencias continúan este viernes 5 de diciembre.
“Me insinuó que tenía que asesinar a alguien”
El primero en declarar fue el exteniente Edwin Leonardo Toro, quien relató ante los magistrados de la JEP y frente a víctimas cómo, según su versión, recibió presiones directas para asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate.
Toro señaló directamente al entonces capitán Juan Miguel Huertas Herrera, oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.º 4, como uno de los mandos que habría promovido ese tipo de conductas.
“Cuando alguien que era el tres de ese batallón, capitán Huertas, me insinuó que tenía que asesinar a alguien, yo le dije que no… no lo hacía, por más que los soldados me dijeran ‘mi teniente, hagámoslo’, no, señor”, relató.
Según el compareciente, la presión respondía a la necesidad de mostrar “resultados operacionales”, en línea con el patrón ya documentado por la JEP en el subcaso Antioquia: inflar las cifras de bajas a costa de víctimas civiles, en lo que el país conoce como el escándalo de los falsos positivos.
Señalamiento por suministro de armas
Luego tomó la palabra el también oficial en retiro Emerson Castañeda Morales, quien para la época de los hechos se desempeñaba como subteniente. Su testimonio fue más allá, al afirmar que el entonces capitán Huertas no solo habría promovido las ejecuciones, sino que también habría facilitado el montaje sobre las víctimas.
Castañeda aseguró que Huertas les ofreció e incluso suministró armas para ser colocadas a los civiles asesinados y hacerlos pasar por combatientes:
“Esa arma nos la suministró el señor oficial de operaciones para la época, que era el capitán Huerta Herrera Juan Miguel (…) quien nos manifestó que tenía la disposición de suministrar armamento en caso de que diésemos bajas y no tuvieran armamento”, declaró ante la JEP.
Ambos militares ratificaron estos señalamientos que, según explicaron, ya habían entregado en versiones voluntarias ante la jurisdicción. Esta vez lo hicieron bajo juramento, en audiencia pública y frente a las víctimas, lo que refuerza la línea investigativa sobre la presunta participación de mandos superiores en el patrón criminal.
Lo que viene para el general Huertas
Con el cierre de la jornada, la JEP deberá ahora contrastar los nuevos testimonios con documentos operacionales, registros internos y futuras declaraciones. Sobre la mesa está la posibilidad de que el actual general Huertas sea llamado a comparecer formalmente dentro del macrocaso 03, que investiga ejecuciones extrajudiciales atribuibles a miembros de la Fuerza Pública.
Los magistrados del tribunal transicional escucharon en este primer día a los siete imputados señalados como máximos responsables dentro de la estructura del BAJES. Con la continuación de las audiencias, la JEP buscará establecer con mayor claridad la cadena de mando, las órdenes emitidas y el grado de conocimiento o participación de oficiales de alto rango en los hechos ocurridos en Antioquia entre 2002 y 2003.
Mientras tanto, para las víctimas que viajaron hasta Granada, las confesiones de Toro y Castañeda representan un nuevo paso en el largo camino para esclarecer quiénes diseñaron, permitieron o alentaron la maquinaria que convirtió a civiles en “enemigos dados de baja” en los registros oficiales de la guerra.
