A pesar de los avances judiciales en la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, crecen los cuestionamientos sobre la reacción de las autoridades frente a alertas previas. El representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, denunció públicamente que desde noviembre de 2024 había informado a la Fiscalía y a la Policía Nacional sobre un posible plan criminal contra miembros del Centro Democrático, incluido el propio Uribe.
El atentado, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, dejó al país consternado y motivó una respuesta inmediata del ente acusador, que ya logró la captura y judicialización de al menos cuatro personas vinculadas al caso, entre ellas, un menor de edad señalado como autor material del disparo.
Sin embargo, la denuncia de Uscátegui pone en entredicho la diligencia con que actuaron las autoridades. Según el legislador, el 20 de noviembre de 2024 presentó ante la Fiscalía y la Dirección de Protección de la Policía un informe detallado sobre amenazas provenientes de Algeciras, Huila, presuntamente orquestadas por estructuras criminales conocidas como Pisas o Pisas Suaves. De acuerdo con su testimonio, compartió coordenadas y direcciones en Bogotá donde podrían estar operando comandos urbanos con la intención de atacar a congresistas de su partido.
“Entregué toda la información para que las autoridades tomaran algún tipo de acción. Ahora, ya consumado el atentado, he preguntado a la Fiscalía qué trámite se le dio a esa denuncia y sigo esperando”, aseguró Uscátegui, quien recientemente presentó un derecho de petición para conocer el estado de su alerta sin recibir respuesta.
A siete meses de haber radicado la advertencia, el congresista sostiene que no se ha realizado ninguna actuación formal de investigación. “Es muy delicado que, teniendo esa información, no se haya actuado. Esto alimenta la idea de que fue un crimen de Estado”, afirmó, exigiendo máxima transparencia por parte del ente investigador.
La Fiscalía, por su parte, ha defendido su capacidad institucional y se pronunció el pasado 12 de junio denunciando filtraciones en el proceso judicial y asegurando que los avances en la investigación han sido significativos. Esta declaración fue una respuesta a la propuesta del presidente Gustavo Petro, quien sugirió la participación de una comisión independiente de la ONU para esclarecer el atentado.
“La Fiscalía General de la Nación tiene plena legitimidad y solidez institucional, operativa y funcional para adelantar el proceso por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y los demás casos de su competencia”, expresó el organismo en un comunicado oficial.
Mientras tanto, crecen las voces que piden explicaciones claras sobre por qué no se actuó a tiempo frente a una advertencia formal que, según sus denunciantes, pudo haber evitado el atentado.
