El Ministerio de Salud confirmó un aumento del 5,36 % en la llamada Unidad de Pago por Capitación para 2025, cifra que queda por debajo del 16 % solicitado por actores del sistema de salud.
El Ministerio de Salud y Protección Social anunció el pasado 31 de diciembre un ajuste del 5,36 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2025, según lo estipulado en la resolución 2718 firmada el 30 de diciembre de 2024. Este incremento, aunque alineado con la inflación, ha generado preocupación y críticas en el sector salud debido a que se encuentra muy por debajo del 16 % solicitado por diversos actores del sistema.
Con esta medida, los pagos por afiliado en el régimen contributivo pasarán de $1.444.086 a $1.521.489, mientras que en el régimen subsidiado pasará de $1.256.076 a $1.323.401. Este ajuste refleja un incremento que incluye un 5,2 % basado en la inflación causada a noviembre de 2024 y un 0,16 % destinado a la actualización de servicios y tecnologías en salud.
La importancia de la UPC
La UPC es el mecanismo mediante el cual el Gobierno asigna recursos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para financiar la atención médica, medicamentos y tratamientos de los afiliados. Como tal, es fundamental para garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud.
El comunicado oficial del Ministerio de Salud señaló que la decisión se basó en lo estipulado por la ley, al no contar con información confiable de parte de las EPS. La aplicación del mecanismo automático que utiliza la inflación como referencia fue necesaria ante las inconsistencias detectadas en los datos reportados por las entidades del sector.
“Incrementar la UPC más allá de la inflación causada con información incorrecta sería una medida irresponsable y populista que pondría en riesgo el Presupuesto General de la Nación”, afirmó el Ministerio. Además, destacó su compromiso con la transparencia y la protección de los recursos públicos.
Preocupaciones por un ajuste insuficiente
El bajo incremento del 5,36 % resulta preocupante para los actores del sector salud, quienes advierten que esta medida podría profundizar las dificultades financieras del sistema. A pesar de que el ajuste toma como referencia la inflación, diversos analistas consideran que el porcentaje es insuficiente para responder a las crecientes necesidades de atención médica en el país.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) expresó su preocupación por las implicaciones financieras que podría tener el ajuste insuficiente de la UPC. Según la entidad, este incremento podría agravar las dificultades económicas que ya enfrentó el sistema de salud en 2024.
Por su parte, otros actores del sector también manifestaron su descontento. Afidro, en conjunto con el Centro de Estudios Económicos de la ANIF, había propuesto un ajuste del 16,4 %, mientras que la firma Sectorial sugería un 18 % y la Andi un 16,9 %. Estas cifras contrastan significativamente con el incremento del 5,36 % decretado por el Gobierno, quedando entre un 10 % y un 12,7 % por debajo de las proyecciones iniciales.
La Cámara Colombo Americana también intervino en el debate, haciendo un llamado al Gobierno para garantizar una asignación de recursos adecuada que permita la sostenibilidad y eficiencia del sistema de salud. La entidad subrayó que el ajuste actual podría afectar la capacidad del sistema para financiar las prestaciones contempladas en el Plan Obligatorio de Salud tanto del régimen contributivo como del subsidiado.
Contexto y desafíos
El ajuste a la UPC llega en un momento de tensión para el sistema de salud colombiano, marcado por un 2024 complicado debido a problemas financieros y logísticos. La decisión del Ministerio, aunque alineada con la inflación y el marco legal, no parece responder a las expectativas del sector, que argumenta la necesidad de un aumento más significativo para cubrir las crecientes demandas del sistema.
El bajo incremento no solo genera incertidumbre sobre la capacidad de las EPS para garantizar una atención adecuada, sino que también pone en evidencia la dificultad de equilibrar los recursos disponibles con las necesidades del sistema. Muchos temen que esta medida pueda traducirse en una mayor presión sobre las instituciones de salud y en una disminución en la calidad de los servicios ofrecidos a la población.
En su comunicado, el Ministerio concluyó reiterando su compromiso con la garantía de acceso equitativo a los servicios de salud para todos los colombianos, asegurando que continuará trabajando para fortalecer el sistema dentro de los límites presupuestales y legales existentes.
Red de prestadores de Risaralda
Por su parte, la red de prestadores del departamento de Risaralda se pronunció ante este suceso, destacando la situación crítica que enfrentan debido a la insuficiencia de los recursos financieros. Este escenario pone en grave riesgo la continuidad de los servicios de salud para los habitantes de la región.
El incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) este año ha sido señalado como insuficiente para garantizar la prestación adecuada de los servicios. A esta problemática se suma la reducción en el flujo corriente de recursos por parte de las EPS y el no pago de los recursos no corrientes correspondientes a enero y abril de 2024, lo que genera una crisis inminente en la prestación de servicios de salud.
La preocupación entre los directivos de los prestadores continúa creciendo, ya que el aumento del salario mínimo en un 9,54 %, sumado al ajuste insuficiente de la UPC, no alcanza a cubrir los gastos operativos. De estos, el pago de nóminas representa aproximadamente el 70 % del presupuesto total.
Ante este panorama, se hace un llamado urgente a las autoridades nacionales y departamentales para que tomen medidas inmediatas y busquen soluciones efectivas a esta problemática. Es indispensable garantizar la asignación de recursos suficientes y oportunos para que la red de prestadores pueda continuar ofreciendo servicios de calidad a la población.
Es insostenible
“La situación es insostenible. Si no se toman medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad financiera de los prestadores del departamento, nos veremos obligados a reducir servicios o, en el peor de los casos, a cerrar algunos de estos”, afirmó Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud, AISalud, quien expresó su profunda preocupación por el impacto que esta crisis tendría en la salud de los risaraldenses.
