El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, entra en una fase decisiva en medio de una nueva controversia: su defensa asegura que el exdiputado no podrá asistir presencialmente a la audiencia programada para este martes 4 de noviembre en Barranquilla, debido a que tiene todas sus cuentas bancarias bloqueadas y enfrenta riesgos de seguridad.
El abogado Alejandro Carranza, defensor de Petro Burgos, argumentó que su cliente no puede costear su desplazamiento desde Bogotá tras haber sido incluido en la lista Clinton, medida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que congela las operaciones financieras de personas o entidades señaladas.
“La inclusión de Nicolás en la lista Clinton ha generado el bloqueo total de sus cuentas, lo que impide la compra de tiquetes aéreos o el acceso a cualquier servicio financiero”, explicó el jurista, quien solicitará al juez Hugo Carbonó Ariza que autorice la participación virtual de su cliente.
La defensa insiste en que la imposibilidad de viajar no se trata de un inconveniente logístico, sino de una consecuencia directa de una sanción internacional que ha dejado a Petro Burgos en una situación de vulnerabilidad económica y jurídica.
A este argumento se suma una preocupación por la seguridad del acusado. La reciente captura de Jorge Luis Santiago Charris, exescolta de la fiscal del caso, por presuntos nexos con el Clan del Golfo, ha incrementado los temores del entorno del hijo del presidente. “Los últimos acontecimientos muestran que hay factores externos que amenazan la seguridad de mi defendido. No podemos ignorar el contexto de riesgo en el que se encuentra”, advirtió Carranza.
Desde hace varios meses, Petro Burgos reside en Bogotá por motivos de seguridad, y según información revelada por Blu Radio, todo indica que atenderá la diligencia judicial de manera virtual.
El juez Primero Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó Ariza, deberá decidir este martes si acepta la solicitud de la defensa. Su determinación será clave, ya que en esta fase preparatoria del juicio se definirá qué pruebas de la Fiscalía serán admitidas y cuáles serán descartadas.
Durante la última audiencia, el juez había ordenado la asistencia presencial de todas las partes, pero los nuevos elementos introducidos por la defensa modificaron el panorama. Carranza, quien sí estará físicamente en la sala, aprovechará además para pedir la revisión del principio de oportunidad otorgado a Day Vásquez, exesposa del acusado y testigo clave del caso.
El abogado cuestiona que Vásquez no habría cumplido con las condiciones pactadas con la Fiscalía: “Aquí ese incumplimiento que hay por parte de la Fiscalía y por parte de Daysuris del Carmen en el principio de oportunidad, escondiendo los bienes y faltando a sus deberes, es algo que me permite afirmar que la justicia se respeta y que el principio de oportunidad debe ser revocado”.
El caso de Nicolás Petro, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ha generado un amplio impacto político y mediático desde que la Fiscalía reveló, en 2023, presuntos movimientos financieros irregulares que habrían incrementado su patrimonio en más de mil millones de pesos entre 2020 y 2022.
La Fiscalía sostiene que parte de esos recursos habrían sido destinados a financiar campañas políticas en el Atlántico, mientras la defensa argumenta que se trató de préstamos personales. En el expediente figura, entre otros nombres, el del empresario Alfonso del Cristo “El Turco” Hilsaca, señalado de haber entregado dinero a Petro Burgos.
La audiencia de esta semana será determinante: si el juez avala las pruebas clave de la Fiscalía, el proceso podría tomar un rumbo desfavorable para el acusado; si, por el contrario, prosperan las objeciones de la defensa, el caso podría debilitarse antes del juicio oral.
Por ahora, todo apunta a que Nicolás Petro no regresará a los estrados de Barranquilla en persona, mientras se resuelven los obstáculos financieros y de seguridad que su defensa ha puesto sobre la mesa.
