Las recientes declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), han vuelto a poner en jaque al alto Gobierno del presidente Gustavo Petro. En una entrevista con la Revista Semana, López afirmó que “la agenda de corrupción” dentro de la UNGRD va mucho más allá del escándalo de los carrotanques, arrojando nuevas y graves acusaciones contra altos funcionarios y congresistas.
López mencionó explícitamente al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Wadith Manzur, implicándolos en actos de corrupción relacionados con la adjudicación de contratos dentro de la Unidad. Según López, Velasco habría dado instrucciones directas para facilitar estos hechos corruptos, mientras que Manzur se benefició de un contrato específico. “El doctor Luis Fernando Velasco tendrá mucho que explicarle al país… transmití las instrucciones que recibía”, dijo López, agregando que Manzur “es uno de los beneficiados de este proceso”.
El escándalo se desató en un momento en que la Fiscalía había bajado el ritmo de la investigación sobre la corrupción en la UNGRD, y cuando la Comisión Séptima de la Cámara aprobaba el tercer debate de la reforma pensional. López aseguró que en septiembre de 2023, se entregaron 4.000 millones de pesos a Iván Name, presidente del Senado, y a Andrés Calle, presidente de la Cámara, para favorecer intereses del Gobierno. “Bajé una instrucción, transmití una orden que recibí. Soy testigo de que recibieron la plata”, afirmó.
La reacción del ministro del Interior fue inmediata. Velasco, salió de la Comisión Séptima de la Cámara y regresó para acusar a López de ser un “ladrón que se robó la UNGRD”, desafiándolo a presentar pruebas ante la Fiscalía. Por su parte, Name, Manzur y Calle continúan en sus funciones legislativas, sesionando en un periodo crucial para el Gobierno debido a la inminente votación de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara.
A pesar de la magnitud de las acusaciones, aún no se han calculado con precisión las consecuencias para el Gobierno de Petro, quien hasta el momento no ha emitido comentarios al respecto. La directora del DAPRE, Laura Sarabia, también mencionada por López, y los congresistas involucrados han guardado silencio.
