El ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Mauricio Lizcano, ha pospuesto nuevamente por otros 10 días la adjudicación de una multimillonaria licitación valorada en 407.000 millones de pesos. Este contrato busca conectar alrededor de 3.000 escuelas con Wifi y soportar un gran número de dispositivos, un punto que ha generado controversia y cambios en los pliegos de condiciones.
Este contrato es una continuación del polémico proyecto de Centros Poblados, que llevó a la renuncia de la exministra Karen Abudinen tras la entrega de un anticipo de 70.000 millones de pesos a un conglomerado de empresas implicadas en corrupción, incluyendo al contratista Emilio Tapia.
La Procuraduría emitió una alerta hace dos semanas sobre una posible irregularidad técnica en las modificaciones de los pliegos definitivos. La alerta se centra en una variación en los requisitos técnicos de los puntos de acceso (AP) del proyecto Escuelas Potencia Digital. Originalmente, se requería una capacidad mínima de conexión de 250 dispositivos por punto, pero la capacidad mínima se incrementó a 300 dispositivos, con capacidad de crecimiento hasta 700 dispositivos. Esta modificación fue realizada en respuesta a una consulta de uno de los competidores, Claro.
El procurador delegado advirtió sobre esta modificación y registró su observación en el SECOP, lo que llevó al Ministerio a detener la adjudicación del contrato en su etapa final la semana pasada. Según el ministro Lizcano, la modificación fue técnica y no afectó los puntajes de los oferentes, por lo que no habría beneficios indebidos hacia ninguna empresa. Lizcano señaló que la suspensión de la licitación se debe a la espera de una respuesta de la Procuraduría y un concepto de la Agencia Jurídica del Estado.
El programa Escuelas Potencia Digital tiene como objetivo mejorar la conectividad de las escuelas del país, proporcionando velocidades de internet hasta ocho veces más rápidas que el proyecto original de Centros Poblados. No obstante, la modificación en los pliegos ha sido vista por algunos expertos como un posible desequilibrio en la competencia justa, ya que podría favorecer o perjudicar a ciertos oferentes en función de las nuevas condiciones.
Entre los 14 competidores en la licitación se encuentran gigantes del sector como Claro, Telefónica, Inred y Sencinet, además de uniones temporales de otras empresas. La contratación está a cargo del Fondo de las TIC, el mismo ente que manejó el contrato de Centros Poblados en la administración anterior.
Las alertas de la Procuraduría permanecen activas y se espera una reunión con el procurador delegado para aclarar las condiciones. Mientras tanto, el ministro Lizcano insiste en que todo se ha hecho conforme a la ley y que no existen irregularidades, manteniendo el desembolso de los 407.000 millones de pesos en pausa hasta que se resuelvan las inquietudes planteadas.
