La Misión de Verificación de la ONU en Colombia reconoció este miércoles los avances del Gobierno de Gustavo Petro en la implementación de la reforma rural integral, uno de los compromisos clave del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC. Sin embargo, instó a las autoridades a redoblar esfuerzos y a imprimir mayor velocidad al proceso para cumplir las metas pactadas.
Durante una reunión en Bogotá entre la Misión de la ONU y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el representante especial adjunto Raúl Rosende destacó que si bien “hay pasos adelante importantes” en la entrega y formalización de tierras, aún es necesario “darle mayor velocidad e intensidad” al cumplimiento de los compromisos establecidos.
El funcionario uruguayo enfatizó que, para transformar las condiciones estructurales del campo colombiano y superar décadas de conflicto, se debe avanzar más rápido en la meta de entregar tres millones de hectáreas y formalizar seis millones.
Balance y cifras del Gobierno
Según datos presentados por la ANT ante delegaciones de 10 países, el actual gobierno ha gestionado cerca de 599.000 hectáreas y ha titulado más de 1,5 millones. De estas, casi 16.000 han sido asignadas a procesos de reincorporación de excombatientes.
Felipe Hartman, director de la entidad, aseguró que el objetivo para 2025 es alcanzar el millón de hectáreas entregadas y formalizar otros 2,5 millones. “Venimos de gobiernos que compraban 13.000 hectáreas en todo su periodo. Hoy vamos en cerca de 600.000”, afirmó.
No obstante, Hartman advirtió que gran parte de las tierras siguen en poder de grupos armados ilegales y denunció la existencia de predios “embolataos” en todo el país, cuya recuperación será clave para cumplir con el punto 1 del acuerdo de paz.
El testimonio de las víctimas
La reunión también incluyó voces de campesinos víctimas del conflicto, como Claudia Machuca Navarro, quien relató ante la comunidad internacional el largo proceso de despojo y desplazamiento sufrido por su familia en la Hacienda Las Pavas, Bolívar, donde convivieron la violencia paramilitar, los cultivos de palma y la lucha por la tierra.
Tras más de 20 años de lucha, Machuca y otras 49 familias recibieron en 2024 los títulos de propiedad de sus parcelas, un hito que, según ella, fue posible gracias al actual impulso gubernamental. “La voluntad política del gobierno de hoy para que estos procesos avancen anteriormente no estaba”, afirmó.
El informe final con estos avances será presentado en julio ante el Consejo de Seguridad de la ONU, como parte del monitoreo internacional a la implementación del acuerdo de paz. Mientras tanto, el llamado de Naciones Unidas es claro: hay avances, pero el tiempo apremia.
