La senadora Paloma Valencia pidió a los órganos de control que investiguen un posible uso indebido de recursos públicos, luego de afirmar que la tarima y parte del montaje logístico instalados por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia para un evento oficial en la Plaza de Bolívar habrían sido utilizados “milagrosamente” al día siguiente en el cierre de campaña del Pacto Histórico.
La controversia se originó tras el acto gubernamental “Defender la salud es defender a Colombia”, realizado el jueves 26 de febrero de 2026 en el centro de Bogotá, en el que participaron el presidente Gustavo Petro y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Allí, el ministerio presentó la entrega de 51 ambulancias (para 50 municipios en 14 departamentos) y defendió la estrategia de Equipos Básicos de Salud (EBS) como parte de su modelo de atención preventiva.
Según la denuncia pública de Valencia, el montaje —tarima y vallas— habría permanecido instalado y habría sido aprovechado el viernes 27 de febrero para el evento partidista “Pacto Fest”, lo que, a su juicio, amerita una verificación urgente de quién pagó la logística y si se usaron recursos del sistema de salud con fines proselitistas. La senadora solicitó intervención de la Contraloría General de la República de Colombia y la Procuraduría General de la Nación.
El señalamiento ocurre en plena recta final hacia las legislativas del 8 de marzo de 2026 y en medio de la confrontación política por la reforma a la salud, un proyecto que el Gobierno ha intentado sostener con actos públicos y medidas administrativas.
Hasta el momento, lo verificado en fuentes abiertas es la realización del evento oficial de MinSalud en la Plaza de Bolívar, la existencia de publicaciones de convocatoria y registro del cierre del Pacto Histórico en el mismo lugar al día siguiente, y los mensajes de denuncia de la senadora. Lo que sigue en disputa —y sería el núcleo de cualquier investigación— es si hubo contratación estatal que terminara beneficiando un acto de campaña, o si se trató de un uso posterior de infraestructura ya desmontada/cedida sin costo público, escenarios que solo pueden aclararse con soportes de contratación, facturación y permisos.
