En una decisión clave para el futuro judicial y político del presidente Gustavo Petro, la Corte Constitucional falló a su favor en una tutela que revoca la potestad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigarlo por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. Con una votación dividida de cinco votos contra cuatro, la Sala Plena del alto tribunal resolvió que la única instancia competente para investigar al mandatario es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
“Bien por la Corte Constitucional”, celebró el presidente en su cuenta de X, luego de conocerse la sentencia que, además de respaldar su derecho al debido proceso, representa un golpe al alcance del poder disciplinario del CNE frente al fuero presidencial.
El fallo ordena al CNE que, en un plazo de cinco días hábiles, remita todo el expediente sobre las presuntas irregularidades en los recursos de la campaña presidencial —incluyendo la consulta interpartidista y las dos vueltas de votación de 2022— a la Comisión de Acusación. La Corte dejó sin efectos la decisión del Consejo de Estado que, en agosto de 2024, había respaldado la competencia del tribunal electoral para adelantar la investigación en un plano administrativo.
La tutela, presentada por Petro en defensa de su fuero, fue seleccionada por el magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia, lo que desató cuestionamientos sobre su imparcialidad. Pese a ello, la Corte avanzó con la ponencia y finalmente concedió la tutela, argumentando que se vulneraron los derechos del jefe de Estado al permitir una investigación fuera de la instancia constitucionalmente habilitada.
El origen de esta controversia se remonta a cuando el CNE abrió una investigación por presuntas donaciones ilegales y por exceder los topes de financiación permitidos en campaña. La discusión jurídica giró en torno a si este tipo de control, al ser administrativo, podía hacerse por fuera de la Comisión de Acusación. Para la mayoría en la Corte, la respuesta es no.
La decisión genera un precedente sobre los límites de las facultades de los órganos electorales frente a un presidente en ejercicio, y reaviva el debate sobre los blindajes institucionales que rodean al primer mandatario en Colombia.
Con este fallo, el expediente de las finanzas de campaña de Petro pasará a manos de una instancia históricamente cuestionada por su inoperancia y politización: la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que hasta ahora no ha condenado a ningún presidente en la historia reciente del país.
