El avión presidencial de Colombia habría sido desviado de su ruta original tras una presunta amenaza de ataque con misiles en contra del presidente Gustavo Petro durante su regreso de Europa al país. Así lo reveló el director de La W, Julio Sánchez Cristo, quien aseguró que el mandatario conoció de un plan para atentar contra su vida y, por insistencia, se tomó la decisión de modificar el trayecto previsto para evitar riesgos.
“El presidente de la República llegó de Europa y a él le hicieron llegar información de unos misiles con que atacarían el avión presidencial. El presidente insistió tanto que el avión no aterrizó en su destino”, indicó Sánchez Cristo durante su espacio radial.
Ante estas declaraciones, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, señaló que toda la información relacionada con la seguridad del presidente es tratada con máxima prioridad y reserva, en coordinación con la jefatura de seguridad presidencial.
“La disposición de la Policía Nacional es prioridad en todos los escenarios donde esté el presidente. Las valoraciones se realizan de forma muy reservada para avanzar en términos de investigación”, explicó el general Triana, agregando que tanto las Fuerzas Armadas como la jefatura de seguridad presidencial trabajan de manera integral para realizar los ajustes necesarios que garanticen la seguridad del mandatario en cada desplazamiento.
El alto oficial subrayó que la Policía Nacional está lista para prestar seguridad en cualquier escenario y lugar donde el presidente se movilice, de acuerdo con su agenda, y que las posibles amenazas son evaluadas de manera articulada entre las entidades encargadas de su protección.
Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia de esta presunta amenaza ni sobre las razones detrás del cambio en el itinerario del vuelo. Sin embargo, este episodio resalta nuevamente las alertas de seguridad alrededor de los desplazamientos de Petro, en un país donde los antecedentes de ataques a mandatarios en ejercicio obligan a mantener protocolos de seguridad reforzados en cada viaje oficial.
