En un duro golpe contra el tráfico de migrantes en Colombia, la Fiscalía General de la Nación anunció este sábado que 10 miembros de una red dedicada a la obtención irregular de documentos de identidad para extranjeros fueron enviados a prisión preventiva. Entre los detenidos se encuentran funcionarios y particulares que facilitaban la permanencia ilegal de migrantes en Colombia o su salida con documentación falsa rumbo a Estados Unidos.
La red, conocida como ‘Granada’, operaba principalmente en el departamento del Atlántico y la costa Caribe, cobrando entre 3.000 y 5.000 dólares por cada migrante. A cambio, proporcionaban servicios de transporte, alojamiento, alimentación y documentación falsificada, como registros civiles, actas de bautismo y cédulas de ciudadanía colombianas. Estos documentos permitían a los migrantes solicitar pasaportes y visas, facilitando su traslado sin mayores obstáculos hacia Norteamérica o Europa.
Entre los detenidos figuran nombres como Rodrigo Alberto Duque Beltrán, Liliana Judith Maury Rojas, Leonel Agudelo Restrepo y Jorge Iván Ramírez Mosquera, alias ‘Granada’, presunto cabecilla de la organización. También fueron capturados Álvaro José García Pacheco, Patricia López Gutiérrez, Fakerson Gutiérrez Pérez, Franckin de Jesús Suárez Amaya y el ciudadano dominicano Jorge Aníbal Duluc Gaslin, quien presuntamente contactaba a otros extranjeros para ofrecerles los servicios ilegales.
Según la Fiscalía, la red tenía un modus operandi bien estructurado. “Simultáneamente, gestionaban documentación espuria, de tal manera que los extranjeros adquirían la fachada de ciudadanos colombianos y podían solicitar el pasaporte, visas a Estados Unidos y se movían sin mayores restricciones”, indicó el ente acusador.
Los detenidos enfrentan cargos por concierto para delinquir con fines de tráfico de migrantes, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, acceso abusivo a un sistema informático y obtención de documento público falso. La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar el alcance total de las actividades ilegales de esta organización y el impacto en las zonas afectadas.
Este caso resalta la problemática creciente del tráfico de migrantes en la región y la sofisticación con la que operan estas redes, que no solo vulneran la seguridad del país, sino que también ponen en riesgo la vida de cientos de personas que buscan un futuro en el extranjero mediante medios irregulares.
