La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, regionales y locales para que intervengan en la solución del bloqueo que mantiene paralizada la vía que comunica a Santa Cecilia con los departamentos de Risaralda y Chocó desde el pasado 17 de septiembre.
La entidad pidió al Ministerio del Interior, al Instituto Nacional de Vías (Invías), a las gobernaciones de ambos departamentos, al Resguardo Indígena Gito Docabú de Pueblo Rico y al consejo comunitario de Santa Cecilia, entre otros actores, adelantar de inmediato contactos con los líderes de la protesta y agotar todas las estrategias de diálogo y concertación que permitan restablecer la movilidad.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda advirtió que la situación se torna más crítica debido a que la vía Medellín–Quibdó también permanece cerrada por un derrumbe en el sector conocido como “punto 10”, lo que obliga a transportadores y viajeros a utilizar el corredor Pereira–Quibdó, actualmente bloqueado. Esto ha generado un represamiento de camiones y vehículos de carga, afectando el abastecimiento y derechos fundamentales de la población.
El Ministerio Público recalcó la necesidad de equilibrar el derecho a la protesta pacífica con la garantía de la libre movilidad, por lo que solicitó establecer compromisos claros y verificables en las mesas de concertación. Asimismo, instó a que se revisen y cumplan los acuerdos alcanzados en reuniones previas, para evitar un agravamiento de los perjuicios que ya sufren las comunidades de la región.
La Procuraduría enfatizó que la reapertura de la vía es prioritaria, pues cientos de personas y transportadores se encuentran atrapados en medio de esta crisis de conectividad, que amenaza con profundizar el desabastecimiento y las afectaciones económicas en Risaralda y Chocó.
