Procuraduría investiga presuntas irregularidades en programa de alimentos en La Guajira

La Procuraduría de Colombia ha iniciado una indagación debido a presuntas irregularidades en un contrato para la ejecución de un programa gubernamental destinado a llevar alimentos a pobladores de la localidad de Albania, en el departamento de La Guajira. Esta información fue confirmada por la entidad este miércoles.

La denuncia inicial sobre la posible malversación de fondos públicos en las ‘ollas comunitarias’, un programa diseñado para proporcionar alimentos durante 90 días a personas afectadas por desastres, fue realizada por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, la semana pasada.

Para este programa, el Gobierno colombiano destinó un total de 156.000 millones de pesos, de los cuales 20.000 millones fueron para La Guajira.

Según información proporcionada por medios de comunicación, el dinero destinado al programa de asistencia alimentaria en Albania habría sido desviado para campañas electorales, incluida la de la alcaldesa de la localidad, Nera Robles. Además, se reporta que trabajadoras y proveedores subcontratados para la ejecución del programa no han recibido sus pagos desde septiembre de 2023.

Esta investigación se suma a otra abierta por la Procuraduría por posibles irregularidades en la UNGRD, relacionadas con la ejecución del mismo proyecto en el departamento de Córdoba.

La Procuraduría ha solicitado documentación del contrato de “ollas comunitarias” en Albania y otra información relevante que permita determinar si la función de ordenador del gasto fue delegada a una autoridad distinta al director general de la UNGRD.

Con esta indagación previa, la Procuraduría busca identificar a los posibles responsables de las presuntas irregularidades disciplinarias.

La UNGRD, creada en 2011 para prevenir y responder a emergencias en Colombia, está siendo investigada por casos de corrupción que involucran al Gobierno y al Congreso. Uno de estos casos incluye la malversación de fondos en la compra de camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas de La Guajira y el presunto pago de sobornos a líderes del Congreso.

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