La Procuraduría General de la Nación anunció este jueves una decisión trascendental en el caso que marcó un hito en las manifestaciones sociales de Colombia en 2019. El agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que disparó contra Dilan Cruz fue sancionado con una multa de $14 millones tras el proceso disciplinario que investigó su responsabilidad en la muerte del joven.
Dilan Cruz, de 18 años, falleció el 25 de noviembre de 2019 después de recibir el impacto de un proyectil lanzado por el agente durante una manifestación en el centro de Bogotá. El hecho generó una oleada de indignación y se convirtió en un símbolo de las denuncias por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante las protestas.
Detalles de la sanción
La Procuraduría determinó que el actuar del uniformado constituyó una falta grave, aunque no intencional, al emplear un arma que, según la normativa, está destinada a minimizar riesgos, pero cuyo uso incorrecto resultó en una tragedia. La multa de $14 millones, equivalente a aproximadamente 13 salarios mínimos mensuales vigentes, se impuso como medida correctiva, aunque sectores críticos aseguran que no compensa la magnitud del daño causado.
Reacciones al fallo
Familiares de Dilan Cruz y organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron su descontento con la sanción, calificándola de insuficiente. “No se trata solo de una multa económica, sino de que se establezcan responsabilidades claras y se prevengan futuros abusos de autoridad”, declaró [Nombre del portavoz], representante legal de la familia Cruz.
Por su parte, la defensa del policía sancionado argumentó que el agente actuó en cumplimiento de su deber bajo un contexto de alta tensión, reiterando que no hubo intención de causar daño mortal. Sin embargo, el debate sobre la proporcionalidad de las medidas del Esmad en escenarios de protesta sigue siendo un tema álgido en el país.
Un caso que marcó la historia
El caso de Dilan Cruz ha sido emblemático en la lucha por los derechos de los manifestantes en Colombia. Su nombre ha sido evocado en marchas y plantones como símbolo de las víctimas del abuso policial. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han expresado preocupación por los hechos.
La decisión de la Procuraduría, aunque considerada un avance por algunos sectores, deja abierta la discusión sobre la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho a la protesta pacífica y en evitar que tragedias como la de Dilan Cruz vuelvan a repetirse.
La multa impuesta, aunque representativa, pone de nuevo en el centro del debate la necesidad de reformar protocolos y fortalecer el control de las fuerzas de seguridad, para garantizar que las manifestaciones en Colombia no terminen en tragedia.
