En un giro inusual de la política estadounidense, el Senado de los Estados Unidos aprobó este jueves 8 de enero una resolución para restringir la capacidad del presidente Donald Trump de ordenar nuevas acciones militares contra Venezuela sin la aprobación expresa del Congreso. La medida, que representa una reprimenda bipartidista a la Casa Blanca, avanzó con 52 votos a favor y 47 en contra, gracias al apoyo de cinco senadores republicanos que se sumaron a todos los demócratas.
La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine, se centra en hacer cumplir la War Powers Act de 1973, una ley histórica diseñada para que el Congreso tenga voz en el despliegue de fuerzas armadas en conflictos que no han sido declarados formalmente como guerras. Bajo ese marco, el presidente no podría ordenar nuevas hostilidades en territorio venezolano sin una autorización legislativa previa, subrayando la Constitución de EE. UU. que reserva al Legislativo la facultad de autorizar actos de guerra.
La votación se produce en un contexto de fuertes tensiones, apenas días después de una operación militar estadounidense que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, lo que generó preocupación entre legisladores de ambos partidos por el uso de la fuerza sin supervisión del Congreso.
Un paso simbólico pero con desafíos por delante
Aunque el avance en el Senado constituye una señal política potente, experts y legisladores coinciden en que la medida aún enfrenta obstáculos significativos antes de convertirse en ley. El proyecto debe ahora ser aprobado por la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana suele alinearse más con la Casa Blanca, y posteriormente enfrentar un probable veto presidencial de Trump. Para superar ese veto, serían necesarias mayorías de dos tercios en ambas cámaras, un escenario considerado extremadamente difícil en el actual equilibrio político.
El propio presidente Trump ha calificado la resolución de “estupidez”, argumentando que limita la capacidad de autodefensa de Estados Unidos y socava su autoridad constitucional como comandante en jefe de las fuerzas armadas. Además, ha cuestionado la constitucionalidad de la medida y ha acusado a los senadores que la respaldaron de poner en riesgo la seguridad nacional.
Debate interno y consecuencias políticas
Entre quienes apoyan la resolución hay voces republicanas como la de Rand Paul, quien rompió con buena parte de su partido para respaldar la iniciativa, argumentando que acciones como el bombardeo de una capital extranjera y la destitución de un líder sin el aval del Congreso constituyen un acto de guerra que no puede decidirse unilateralmente desde la Casa Blanca.
Por el contrario, muchos líderes del Partido Republicano han defendido el uso de la fuerza por parte de Trump, sosteniendo que el presidente tiene autoridad para llevar a cabo acciones militares limitadas en defensa de la seguridad nacional. En este sentido, han destacado que la intervención tuvo objetivos relacionados con la lucha contra el narcotráfico y amenazas transnacionales.
Este episodio marca uno de los pocos momentos en los que el Congreso ha intentado frenar los poderes ejecutivos en materia de intervención extranjera desde la aprobación de la War Powers Act en la década de 1970, y subraya el creciente debate sobre los límites del poder presidencial en tiempos de conflicto internacional.
