El revelador testimonio de la ex asesora del Ministerio de Hacienda sobre las supuestas negociaciones de votos para aprobar empréstitos internacionales a cambio de la supuesta entrega de cupos indicativos en la UNGRD tiene seriamente enredados a seis congresistas. Entre ellos el senador liberal Juan Pablo Gallo.
Redacción Diario del Otún
La revista Semana divulgó la declaración completa que rindió María Alejandra Benavides, ex asesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la cual da cuenta de la entrega de cupos indicativos por parte del gobierno nacional a un grupo de congresistas para lograr la aprobación de una serie de créditos internacionales en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
La declaración de Benavides, quien es calificada como “la testigo estrella del saqueo” a la UNGRD, se extendió por más de ocho días e involucra a los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo (de Risaralda).
De acuerdo con ese testimonio, el 31 de octubre de 2023 se efectuó una reunión “en la que quedó encargada de complacer los caprichos burocráticos de los congresistas y fue testigo de cómo se votaban los créditos de la nación en la cuestionada Comisión Interparlamentaria de Crédito Público”. De acuerdo con el testimonio de Benavides, el entonces ministro de Hacienda la autorizó para que recibiera los proyectos en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, de donde saldrían los recursos para el pago de los votos de los seis congresistas y los cuales debían salir antes del 31 de diciembre.
Según lo señala la revista Semana en su edición No. 2260 del 1º de noviembre en curso, “los contratos a que se refiere Benavides y que fueron entregados a los miembros de esa comisión provenían del saqueo a la UNGRD y son los que en su momento denunció Olmedo López en Semana. Se trata de tres obras por más de 92.000 millones de pesos, distribuidas así: 50.000 millones en el municipio de Cotorra, Córdoba; 12.300 en El Salado, Bolívar, y 30.000 en Saravena, Arauca”.
Agrega más adelante el artículo que “esta gestión dio sus frutos y, sobre el cierre del año, votaron los empréstitos de la nación, incluso sobre la línea de cierre legislativo y un viernes, cuando los congresistas por lo general no trabajan”.
z Portada de la revista Semana. Edición en la cual se revelan los apartes más importantes de la declaración de María Alejandra Benavides, quien señala a los congresistas involucrados en el escándalo de la UNGRD.El reparto de los cupos UNGRD
El testimonio de la testigo estrella de este caso va mucho más a fondo y detalla el supuesto reparto acordado de los dineros comprometidos en estos tres proyectos, el cual se hizo de acuerdo con la importancia del congresista respectivo. Es así que a los protagonistas se les entregaría el 20% y a los de reparto el 10%; sin embargo, finalmente, supuestamente se acordó un 15% para todos.
En su confesión ante la Corte Suprema de Justicia, María Alejandra Benavides, aseguró que los seis parlamentarios, incluido Juan Pablo Gallo de Risaralda, “no votaban si no les daban lo que denominó con el eufemismo de “cupos indicativos”, que en la práctica es la lista de contratos y obras que se les asignan a los congresistas, pero ellos incluso planteaban porcentajes de la repartija…”.
En relación con el caso del senador Gallo en el entramado de entrega de estos cupos, la declarante señaló ante la Corte Suprema: “Esto se materializó cuando el ministro dio la instrucción de asignar 15 por ciento para todos en la tabla de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el proyecto del senador Gallo era del 15 o menos”.
De acuerdo con el testimonio entregado por la ex asesora del Ministro, el senador Gallo fue uno de los congresistas que entregó la relación de proyectos de los cuales saldrían los cupos indicativos y también fue uno de los que más insistían en su trámite:
“Yo se lo envíe (información) al representante Wadith Manzur por WhatsApp, al senador Juan Pablo Gallo por Signal y a la representante Karen Manrique por WhatsApp”, contó Benavides. El magistrado Rodríguez contra preguntó: “¿Porqué solo a ellos?”, y quedó clara la repartija: “Eran quienes me habían dado la información de los proyectos y en la última semana de la Comisión Interparlamentaria ellos habían sido quienes me manifestaban de forma más insistente qué había pasado respecto a sus proyectos”.
Y más adelante agregó, según la publicación de Semana:
“Yo de cierta forma entendí que cuando le pasaba información respecto al proyecto de Saravena a Karen Manrique, esta se lo comunicaría a Juan Diego Muñoz, puesto que ellos iban juntos. Que cuando yo le pasara información al representante Wadith Manzur respecto al proyecto de Saravena a Karen Manrique, esta se lo manifestaría a la senadora Liliana (Bitar) y a Julián Peinado porque iban juntos. Y la misma situación con el senador Gallo, porque él estaba solo respecto a su proyecto”.
En su declaración, la ex funcionaria argumentó que su misión en la cartera de Hacienda era garantizar la “gobernabilidad” y mantener “contentos” a los congresistas de la Comisión de Crédito Público a través de los llamados cupos indicativos.
Precisa el revelador artículo de la revista Semana que desde el Ministerio de Hacienda se trató de disfrazar de “gobernabilidad” lo que en el fondo es corrupción y añade que los congresistas salpicados se defendieron señalando que su actuar se trató de una función propia de su condición: buscar proyectos y los recursos. Sin embargo, la publicación afirma que además de eso, los implicados ponían esa condición para votar y “ponían a los contratistas, según las evidencias”.
Llamamiento a juicio
Según se conoció en otras fuentes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cerró formalmente la fase probatoria dentro del caso con ponencia del magistrado Misael Rodríguez al considerar que ya cuenta con todas las pruebas y evidencias necesarias. Así lo que sigue es la decisión sobre cuáles congresistas irán o no a juicio por el escándalo de presunta presión de contratos a cambio de votos para los créditos.
Al respecto, una nota periodística publicada por la W Radio precisa que “Conforme las declaraciones de testigos como María Alejandra Benavides, Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como los chats expuestos por Benavides entregados a la Corte, se evidenciaría una presunta presión indebida de los congresistas al gobierno para sesionar y votar los proyectos de deuda que requería el legislativo en 2023”.
Y más adelante agrega: “Allí, de acuerdo con la evidencia con la que cuenta la Corte y sus conclusiones al resolver la situación jurídica, los congresistas habrían presionado indebidamente usando como contraprestación la asignación de contratos en la UNGRD a cambio de asistir y no “boicotear” la Comisión”.
Y todo esto ocurre apenas a unos días del inicio del proceso de inscripciones de candidatos al Congreso de la República, en el que seguramente aspiran a participar los seis parlamentarios involucrados en este escandaloso caso.
