El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha emitido un fallo trascendental en respuesta a la demanda del activista Luis Domingo Gómez Maldonado, quien solicitaba medidas urgentes para controlar la creciente población de hipopótamos en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. La decisión judicial obliga al Ministerio de Ambiente y a otras entidades competentes a diseñar e implementar, en un plazo máximo de tres meses, un plan integral que contemple estrategias de confinamiento, esterilización y, en último caso, caza controlada de estos animales, que desde su llegada a la región han generado una serie de impactos negativos en el ecosistema local.
El fallo, que responde a la preocupación de Gómez Maldonado sobre la omisión de las autoridades en el manejo de la especie invasora, también exige la creación de un comité interdisciplinario, compuesto por expertos científicos, autoridades ambientales y organismos de control como la Procuraduría General de la Nación. Este comité tendrá la misión de evaluar las alternativas más adecuadas para el control, reubicación, esterilización y caza controlada de los hipopótamos, cuyo número ha crecido de manera alarmante desde que fueron introducidos al país por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de los 80.
Además, el tribunal ordena la ampliación de los corrales en la Hacienda Nápoles, uno de los principales puntos donde se encuentra esta población de hipopótamos. Cornare y Corantioquia, las entidades ambientales de la región, deberán reforzar las infraestructuras existentes para poder realizar de manera efectiva las cirugías de esterilización y otros procedimientos necesarios. De no ser posible la ampliación de estos espacios, las autoridades locales deberán evaluar la posibilidad de modificar los contratos con el Parque Temático Hacienda Nápoles, que actualmente alberga a una parte de la población de hipopótamos, para incrementar su capacidad de recibir y mantener a más ejemplares bajo condiciones controladas.
Uno de los puntos más destacados del fallo es la instrucción a las autoridades para que gestionen apoyo nacional e internacional de organizaciones ambientalistas que puedan colaborar en la reubicación de estos hipopótamos a reservas naturales en Colombia o en el extranjero. Esta opción, que busca minimizar el impacto ambiental de la especie en el ecosistema del Magdalena Medio, se presenta como una de las soluciones menos invasivas, aunque el fallo también prevé que, en casos extremos, se pueda recurrir a la caza controlada.
Aunque el tribunal no acogió plenamente las demandas de Gómez Maldonado, quien pedía explícitamente garantizar el derecho de los hipopótamos a subsistir, sí reconoció la urgencia de implementar medidas inmediatas y efectivas. El fallo busca un equilibrio entre la necesidad de proteger las especies nativas que se ven amenazadas por la presencia de estos animales y la implementación de acciones que respeten el bienestar de los hipopótamos.
El fallo, que aún puede ser apelado, representa un paso clave en el manejo de la crisis ecológica generada por la presencia de los hipopótamos en Colombia. En su resolución, el tribunal también destacó la importancia de que las autoridades públicas, en conjunto con la sociedad civil, trabajen para encontrar soluciones a largo plazo que permitan controlar el crecimiento desmedido de esta población sin recurrir a métodos que impliquen sufrimiento innecesario.
Este mandato judicial podría también impactar el plan de manejo que el Ministerio de Ambiente ya había expedido en julio, el cual establecía medidas similares para controlar la población de hipopótamos en el país, incluyendo la caza controlada, la translocación a zoológicos o la reubicación en su hábitat nativo. De acuerdo con estudios previos, la población de hipopótamos en Colombia podría superar los 1.000 ejemplares para el año 2035 si no se toman medidas de control
