Óscar Osorio Ospina
A pesar de los esfuerzos del gobierno en todos los niveles, el hambre y la desnutrición se han convertido en flagelos sociales altamente preocupantes y cuyos indicadores permanecen siempre al alza. Y a la par con ello, es más abundante el porcentaje de desperdicio de alimentos en las plazas de mercados y en algunas cadenas de restaurantes.
Según el DANE, en el primer trimestre del año en curso en Colombia por lo menos 2.350.000 hogares no alcanzaban a completar las tres raciones diarias de comida, lo cual equivale al 27.6%. Para decirlo en otras palabras: tres de cada diez familias solo tenían una o dos comidas al día.
Si estas cifras se discriminan, el panorama es aún más inquietante. Asegura el DANE que de esa franja 2.2 millones de hogares (el 26.5%) come solo dos veces al día, 92.857 familias (el 1.1%) reciben solo una comida y 1.820 hogares no tienen como suplir ni siquiera un plato en cada jornada.
En el caso de Risaralda, las estadísticas oficiales refieren que alrededor del 19.5% de las familias, es decir una de cada cinco, tuvieron en ese período un integrante que no pudo obtener las tres comidas diarias.
Alimentos a la basura
Lo paradójico de este asunto, es que va también en aumento la pérdida de comida, en especial de origen agropecuario. Los recientes estimativos indican que en Colombia se pierden cada año alrededor de 9,7 millones de toneladas de alimentos, mientras que casi un tercio de los hogares vive en inseguridad alimentaria grave o moderada.
Un despacho de prensa agrega al respecto que con la comida que botamos se podríamos alimentar a toda la población de Panamá, más la de Uruguay y la de Luxemburgo con tres comidas al día durante un año. La afirmación al respecto corresponde a Juan Carlos Buitrago, director de Ábaco, organización que agrupa a 25 bancos de alimentos colombianos.
Dice el mismo estudio que el 40 % de los alimentos que se pierden en el país están en la producción agropecuaria, por la falta de planes de abastecimiento que pongan en una balanza la oferta y la demanda para no producir de más, además de la escasez de rutas terciarias o buen estado de las vías para el transporte de alimentos. Las frutas y verduras son de los alimentos que más se desperdician en Colombia.
Eso hace que muchos agricultores a veces prefieran botar la cosecha porque les sale más caro cosecharla. Y algo parecido ocurre con la leche y con otros alimentos.
El caso de Risaralda
El Banco de Alimentos, creado por la Diócesis de Pereira, promueve la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la población en situación de vulnerabilidad de la ciudad y su zona de influencia, contribuyendo a la lucha contra el hambre y el cero desperdicio de alimentos.
En las instalaciones del Banco de Alimentos se realiza la recolección, selección, recuperación y distribución de alimentos y todo tipo de bienes que aún tienen una vida útil, que han perdido un valor comercial o interés para quien lo dona, con ello se beneficia a organizaciones sociales vinculadas a ese programa de la Fundación Cáritas Diocesana.
En promedio, el banco alcanza a movilizar cada año alrededor de 730 toneladas de alimentos que benefician a más de 21.000 personas. Una de las actividades que desarrolla el banco es recuperar excedentes agrícolas, para lo cual lleva a cabo visitas a empresarios del sector de Mercasa donde se recuperan alrededor de 41 toneladas de productos agrícolas.
El Banco de Alimentos recibe las donaciones de empresas, entre ellas grandes superficies, pequeños supermercados, almacenes, empresarios y personas particulares, mediante una gestión que beneficia a 70 organizaciones sociales de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y La Virginia de manera permanente y unas 144 instituciones en actividades eventuales.

Residuos, fuente de energía
Un grupo de investigación de la Universidad Libre de Colombia -Seccional Pereira, adelantó hace poco un estudio sobre el aprovechamiento de los residuos orgánicos en varias plazas de mercado en las ciudades de Pereira, Manizales, Santa Rosa de Cabal y Belén de Umbría.
Los resultados fueron sorprendentes, según lo anotó la rectora y presidenta de la Universidad Libre, Adriana Vallejo de la Pava: “Creo que no aprovechamos ni el 10% de los residuos. No hay una cultura todavía de ese tema y hay un gran desconocimiento sobre todas las posibilidades que se pueden tener de aprovechamiento de esos residuos, que realmente se vuelven desperdicios cuando podían tener muchos otros usos. Actualmente tal vez lo más común es utilizarlos como abonos”.
Precisamente la investigación se enfocó a buscar como disminuir el desperdicio de alimentos en las plazas de mercado para destinarnos como materia prima para nuevas fuentes de generación de energía a partir de la aplicación de la industria 4.0.
Anotó Vallejo de la Pava que la investigación estaba enfocada a encontrar algún biocombustible que resultara de una enorme utilidad en momentos de desabastecimiento de energía, con el fin de alcanzar la auto-suficiencia en este aspecto.
Donación de alimentos
Para contribuir a superar esta problemática y alcanzar la meta de “hambre cero” en Colombia se acaba se aprobar en el Congreso la Ley 2380 de julio 15 de 2024, ya sancionada por el Presidente Gustavo Petro, la cual incentiva la donación y seguridad alimentaria en Colombia, promoviendo la recolección de alimentos aptos para el consumo humano en las entidades que se encuentren constituidas como sin ánimo de lucro.
Esta ley permite que el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales, distritales y municipales puedan crear bancos de alimentos o articularse con los bancos de alimentos existentes, con el fin de evitar la pérdida y desperdicio de alimentos durante todas las etapas de las cadenas de producción, distribución, comercialización y suministro de los mismos, para lograr la disponibilidad oportuna y permanente a la población que lo requiera.
La nueva legislación incrementa los beneficios tributarios del 25% al 37% en el impuesto de renta para las empresas que opten por donar alimentos, buscando beneficiar más de 13 millones de colombianos sin causar un impacto significativo en las finanzas del país. Este esfuerzo se traduce en un aporte de cerca de $7,3 billones anuales en beneficios sociales.



