La Corte Constitucional ha recibido quince demandas de inconstitucionalidad contra la Reforma Pensional, aprobada recientemente por el presidente Gustavo Petro.
Algunas de estas demandas han incluido solicitudes de suspensión provisional de la reforma; es decir, la posibilidad de que la Corte Constitucional suspenda la entrada en vigencia de la reforma mientras se resuelven las demandas y se profiere una sentencia definitiva.
El Centro Democrático anunció recientemente que presentaría por lo menos seis demandas contra la reforma pensional.
Gabriel Vallejo, director del partido, informó que la primera de estas demandas es una una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, alegando que la reforma viola la Constitución y la ley.
El partido argumenta que la reforma, aprobada de manera “precipitada, irresponsable y sin el necesario debate democrático”, adolece de vicios de procedimiento. Vallejo sostiene que el trámite legislativo no se llevó a cabo de forma adecuada, y critica la adopción del texto del Senado sin una deliberación suficiente.
Junto a la demanda principal de Vallejo, cinco congresistas del partido anunciaron demandas individuales. Los legisladores Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay, Andrés Forero, Óscar Villamizar y Edward Osorio.
Valencia ha destacado que uno de los puntos de su demanda es la creación de un régimen pensional especial para pueblos indígenas y otras comunidades. Según Valencia, este aspecto contraviene la Constitución al permitir que el Gobierno determine de manera discrecional las condiciones de jubilación.
La senadora también señaló que, aunque la reforma incluye medidas positivas, como la eliminación de subsidios a altas pensiones y el avance hacia un sistema solidario, deja una deuda significativa para las nuevas generaciones de colombianos.
