La medida busca proteger la vida e integridad de los trabajadores penitenciarios y enfrentar la escalada de violencia en las cárceles del país.
En respuesta al reciente incremento de homicidios, atentados y amenazas contra el personal de vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en diferentes cárceles de Colombia, el Gobierno nacional declaró emergencia carcelaria en todo el país.
La decisión fue tomada durante una Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Inpec, en la que participaron el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña; la vicefiscal, Martha Mancera; el director del Inpec, Daniel Gutiérrez; y el representante de la Policía, brigadier general Nicolás Alejandro Zapata, entre otros funcionarios.
“Por unanimidad, hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Esta emergencia obedece, por una parte, a la materialización e incremento de homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días, en distintos lugares del país; y a las amenazas y atentados contra la seguridad y la vida de estos funcionarios. Esta emergencia procura la protección de vida, integridad y trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia. El otro asunto está relacionado con la extorsión que se ha exacerbado con los hechos registrados recientemente en Tuluá e implica refuerzo de medidas para acabar con este delito”, señaló Néstor Iván Osuna Patiño, ministro de Justicia y del Derecho.
Adicionalmente, Osuna Patiño señaló que estos actos criminales podrían ser represalias de las organizaciones delictivas de alto calibre, en respuesta a las operaciones realizadas por la Fuerza Pública bajo las directrices del Gobierno nacional.
Emergencia carcelaria
En medio de la emergencia carcelaria, se implementarán diversas medidas que incluirán traslados presupuestales y la contratación directa de recursos. También se solicitará apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios. En situaciones especiales, se contempla la suspensión o reemplazo del personal para salvaguardar su seguridad. Además, se podrían regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención.
El Inpec, por su parte, destacó un incremento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria, lo cual ha generando preocupación en la sociedad colombiana. Asimismo, se observa un aumento del 100 % en los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario en comparación con el año anterior, pues en lo que va del año se han registrado dos lamentables pérdidas humanas en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios.
Entretanto, la Fiscalía General de la Nación señaló que está trabajando estratégicamente para desarticular y debilitar a la banda “La Inmaculada”, que opera en Tuluá, Valle.
“Consideramos que es el momento de actuar unidos. El enemigo son esas estructuras criminales que están heridas y es el momento para que el Gobierno y los sindicatos del Inpec actuemos conjuntamente. La semana pasada firmé un decreto que creó una ‘prima de la vida asistida’ para los trabajadores del Inpec que está en trámite para su gestión. Además, estamos acelerando el diseño del esquema jurídico y la consecución de recursos para ver qué viabilidad tiene un seguro de vida para los guardias”, agregó el ministro de Justicia y del Derecho.
Vale la pena señalar que, esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en Colombia. La primera tuvo lugar en 2013 debido al problema de hacinamiento. La segunda ocurrió en 2016 tras la liquidación de Caprecom. Y la tercera fue en 2020, como respuesta a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.
