La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso una condena de 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón La Popa de Valledupar, al hallarlo responsable de 72 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, cometidas entre 2002 y 2004.
La decisión fue adoptada por la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, luego de un juicio transicional al que fue sometido el oficial en retiro tras negar su responsabilidad en los crímenes. Se trata de la primera condena de este tipo emitida por la JEP contra un alto mando militar que no aceptó cargos ni aportó verdad plena.
Según el fallo, Mejía Gutiérrez lideró un patrón criminal en el que civiles fueron asesinados y presentados falsamente como bajas en combate, en el marco de una práctica sistemática que buscaba mostrar resultados operacionales durante los años más críticos del conflicto armado.
Además de la pena privativa de la libertad, la JEP ordenó al Ministerio de Defensa retirar al exoficial todas las medallas y condecoraciones recibidas en relación con estos hechos, al considerar que fueron obtenidas a partir de crímenes graves contra la población civil.
El Tribunal también compulsó copias para que se investigue la posible responsabilidad de jueces penales militares que, según el fallo, habrían contribuido a la impunidad de estos casos mediante decisiones judiciales irregulares.
La sentencia marca un hito en la justicia transicional colombiana, al reafirmar que quienes no contribuyan con la verdad, la reparación y la no repetición enfrentarán sanciones ordinarias dentro del sistema de la JEP. Para las víctimas y organizaciones de derechos humanos, el fallo representa un paso clave en el esclarecimiento de uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado y en la lucha contra la impunidad de los falsos positivos.
