Bogotá / Aguachica (Cesar). El presidente Gustavo Petro anunció que acudirá a la figura de urgencia manifiesta para acelerar la contratación de sistemas antidrones en todo el país, una decisión que, según dijo, implicaría una compra por más de un billón de pesos. El anuncio se produjo horas después del ataque contra una base militar en Aguachica, en el que las autoridades atribuyen responsabilidad al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.
El mandatario reconoció, a través de mensajes publicados en X y declaraciones recogidas por medios nacionales, que el atentado evidenció una vulnerabilidad operacional asociada a la falta de estos equipos, razón por la cual el Gobierno buscará “acelerar” la adquisición mediante contratación expedita.
El ataque: drones con explosivos y balance de víctimas
El atentado ocurrió la noche del 18 de diciembre contra la Base Militar N.° 27, ubicada en la vereda El Juncal (Aguachica), adscrita al Batallón de Infantería N.° 14. De acuerdo con la información oficial divulgada, la acción se habría ejecutado con drones acondicionados con explosivos improvisados y el lanzamiento de artefactos no convencionales tipo “tatuco”.
Reportes oficiales y de prensa señalan un balance de seis militares muertos y más de 30 heridos, varios de ellos en estado crítico, cifra que ha venido actualizándose a medida que avanzan las verificaciones en terreno.
En paralelo, se anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del ataque.
Un país bajo presión por la escalada violenta
El anuncio presidencial se da en medio del cierre del reciente “paro armado” del ELN, una ofensiva de 72 horas que dejó muertos, ataques a infraestructura y acciones contra la fuerza pública en múltiples regiones, aumentando la tensión con el Gobierno y profundizando la crisis del proceso de paz.
Mientras avanza la investigación del atentado en Aguachica, el Gobierno apuesta por reforzar capacidades defensivas frente al uso de drones en acciones armadas, un fenómeno que, según autoridades y analistas, se ha convertido en un riesgo creciente para instalaciones y personal de la fuerza pública.
