La Fiscalía presentó pruebas que sugieren violación a la prohibición de aportes por personas procesadas penalmente
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una Juez de Control de Garantías de Bucaramanga al excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez y a su esposa, Socorro Oliveros de Hernández, por el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
En la audiencia que se llevó a cabo en la mañana de este viernes, 12 de enero, en el Juzgado Penal 8 de Control de Garantías de Bucaramanga, el ente acusador señaló: “Los elementos de prueba indican que el exaspirante político desconoció la prohibición de la Ley que le impedía realizar aportes a cualquier campaña, dado que estaba formalmente acusado en otro proceso penal. En ese sentido, presuntamente efectuó giros por un total de más de 127 millones de pesos desde su patrimonio hacia las cuentas de la campaña para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año 2022”.
Del mismo modo, la Fiscalía imputó cargos a su esposa, Socorro Oliveros, en su calidad de gerente de campaña, pues presuntamente permitió el ingreso de seis aportes provenientes de recursos propios de Hernández a sabiendas de la restricción que prohibía recibir aportes de personas procesadas. Según el organismo independiente adscrito al poder judicial, las contribuciones se realizaron entre el 24 de marzo y el 23 de abril de 2022.
No obstante, Hernández negó su responsabilidad en los hechos relacionados con el caso Vitalogic.
Dato
El ingeniero civil, empresario y político colombiano fue acusado el 12 de mayo de 2021 por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Investigación
El proceso inició tras la denuncia interpuesta por los abogados vallecaucanos Óscar Fuentes e Indemaro Luján Lozada en junio de 2022, tres días antes de la segunda vuelta presidencial, por la presunta violación a la ley 1475 de 2011.
En la demanda, los juristas argumentaron que Hernández realizó un aporte “prohibido” de aproximadamente $220 millones para su propio beneficio, pese a que en su contra había una acusación por la presunta financiación en el caso de Vitalogic, relacionado con el manejo de basuras en Bucaramanga.
“Cuando una persona está haciendo procesada, en este caso en juicio como él y esa persona va a invertir en una campaña, no lo puede hacer si el delito por el cual se le investiga es un delito contra la administración pública. En este caso, el candidato está imputado, en juicio, por un delito contra la administración pública, por lo tanto, enmarca perfectamente en la prohibición. Él no puede utilizar sus propios recursos para financiar la campaña”, explicó Fuentes.
El caso Vitalogic
Hernández fue sancionado e inhabilitado para ejercer cargos públicos, por 14 años, por presuntos actos de corrupción en el caso Vitalogic, cuando era alcalde. Según la fiscalía, Hernández habría ejecutado contratos de la Empresa de Aseo Municipal en Bucaramanga (Emab), que habrían beneficiado a su hijo Luis Carlos Hernández, quien, según las investigaciones, suscribió un acuerdo en el que se pactaba repartir comisiones si se llegaban a adjudicar contratos relacionados con el relleno sanitario de El Carrasco a la empresa Vitalogic.
A pesar de que el propietario de la empresa Constructora HG (Hernández) ha dicho que es inocente y que se trató de una trampa de los políticos tradicionales que usaron a su hijo, la Procuraduría General de la Nación ratificó en noviembre de 2023 la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años.
