La violencia armada sigue obligando a miles de colombianos a abandonar sus hogares. Entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2025, 77.719 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en el país, según reportó la Defensoría del Pueblo, entidad que advirtió sobre el impacto de este fenómeno en los derechos a la vida digna, la seguridad y la permanencia en el territorio.
El Catatumbo, una de las regiones más golpeadas históricamente por el conflicto, concentra la mayoría de las víctimas: 68.347 personas desplazadas y más de 11.000 en confinamiento debido a la persistencia de enfrentamientos y la presencia de grupos armados ilegales, lo que mantiene a comunidades enteras en constante riesgo.
Solo en mayo, 1.746 personas tuvieron que huir de sus hogares en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Guaviare, mientras 8.123 personas permanecieron confinadas en Antioquia, Chocó, Valle, Nariño y Cauca, viéndose privadas de acceso a derechos básicos como salud, educación y alimentación.
En Risaralda, aunque las autoridades han asegurado que no hay presencia de grupos armados ilegales, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre riesgo de desplazamiento en Belén de Umbría, lo que evidencia que las amenazas a la población civil persisten incluso en territorios donde no hay enfrentamientos visibles.
Migración irregular en aumento
La Defensoría también alertó sobre la compleja situación de 28.756 mujeres, 28.579 hombres y 15.364 niños, niñas y adolescentes en tránsito irregular por el país, principalmente provenientes de Venezuela, Ecuador, India, Haití y Perú, quienes enfrentan riesgos de trata, explotación y violencia durante su paso por rutas clandestinas.
Además, 10.246 migrantes han regresado a Colombia tras no lograr llegar a Estados Unidos, generando nuevos desafíos de atención humanitaria, protección y acompañamiento para estas personas que ahora buscan retornar a sus países de origen o establecerse temporalmente en Colombia.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a las autoridades para que implementen planes integrales de atención y protección que garanticen los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado y de las personas migrantes, y evitar una crisis humanitaria que agrave las vulneraciones que ya enfrenta la población más vulnerable en el país.
