El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes sigue siendo una de las heridas abiertas más dolorosas en Colombia. Entre enero y junio de 2025, la Defensoría del Pueblo reportó 55 nuevos casos de reclutamiento, de los cuales 29 corresponden a niños y adolescentes, y 26 a niñas y adolescentes.
Detrás de estos números hay realidades estremecedoras: proyectos de vida truncados, entornos seguros perdidos y familias fracturadas por la violencia de los grupos armados ilegales que siguen utilizando a menores en el conflicto. Cada caso es una historia de dolor y un llamado de urgencia al Estado y a toda la sociedad.
Población indígena, la más afectada
De los casos reportados, 35 corresponden a menores de comunidades indígenas, una situación que refleja la alta vulnerabilidad de estas poblaciones, especialmente en territorios con presencia de actores armados y economías ilegales.
El departamento del Cauca continúa siendo el territorio con más reportes de reclutamiento forzado, evidenciando la persistencia del conflicto armado y las dinámicas de violencia que afectan de forma particular a las niñas, niños y adolescentes en esa región.
La persistencia de una tragedia
En 2024, Colombia registró 578 casos de reclutamiento forzado de menores, según cifras de la Defensoría del Pueblo, lo que muestra la magnitud del problema y la necesidad de avanzar en medidas efectivas de prevención y protección.
El reclutamiento forzado no es solo una cifra fría, sino una práctica que arranca a los menores de sus hogares, los somete a tratos crueles, los expone a la violencia y les arrebata su derecho a crecer en entornos protectores. Para muchos, significa la interrupción definitiva de su proyecto de vida y su sometimiento a estructuras armadas que utilizan a la niñez en actividades ilícitas.
Llamado urgente a garantizar entornos protectores
La Defensoría del Pueblo reiteró que es un deber ineludible del Estado y de toda la sociedad garantizar entornos protectores para las niñas, niños y adolescentes, asegurándoles una vida digna y libre de violencia. Las comunidades en riesgo, las organizaciones sociales y las instituciones estatales deben reforzar la prevención, el acompañamiento psicosocial y la atención a las familias en zonas donde persiste el riesgo de reclutamiento.
Mientras persistan actores armados ilegales y estructuras criminales que instrumentalizan a la niñez en la guerra, la urgencia de proteger a las y los menores no puede posponerse. La niñez de Colombia merece crecer en paz, con oportunidades y sin miedo.
