El Gobierno colombiano informó que más de 15.000 personas cuentan actualmente con medidas de protección personal, un récord histórico, según reveló el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, durante la Mesa Nacional de Garantías de Seguridad celebrada este jueves en Bogotá. De este total, más de 10.000 son lideresas, líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes enfrentan constantes amenazas debido a su trabajo en defensa de las libertades y los derechos en el país.
Análisis de estrategias para la seguridad de líderes sociales.
La Mesa Nacional de Garantías de Seguridad, que reunió a diversas entidades gubernamentales y organizaciones sociales, incluyó la participación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos , el Ministerio de Defensa , la Fiscalía General de la Nación , la Defensoría del Pueblo , y representantes de la sociedad civil, entre otros. Este espacio permitió analizar las estrategias necesarias para mejorar la seguridad de los líderes sociales, un desafío persistente en el contexto nacional.
El ministro Cristo reconoció avances, como la reducción de homicidios y amenazas contra defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, pero enfatizó que las cifras siguen siendo preocupantes. Según los datos, en 2024 se registraron 173 homicidios de líderes sociales, una disminución en comparación con 2023. Sin embargo, Cristo advirtió que “no podemos estar contentos” y subrayó la necesidad de redoblar esfuerzos.
Inversión histórica pero insuficiente
El ministro destacó que la inversión estatal en protección ha alcanzado niveles sin precedentes, pero admitió que los recursos actuales de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no son suficientes para resolver completamente la problemática. “No se puede seguir pensando que con la UNP se soluciona el problema de los defensores de los derechos humanos en Colombia”, señaló, instando a una transformación más amplia de las políticas públicas.
Transformación territorial como clave para la paz
Cristo insistió en que la solución a largo plazo debe centrarse en la transformación de los territorios más afectados por la violencia. Esta estrategia, definida como “territorialización de la paz”, busca fortalecer la seguridad y el desarrollo en las regiones. Según el ministro, las condiciones en el terreno han cambiado drásticamente, con un aumento en la presencia de organizaciones criminales que representan una amenaza constante para los defensores de los derechos humanos.
El Gobierno también avanzará en una agenda legislativa que incluye iniciativas como la Ley de Jurisdicción Agraria , la extensión de las zonas PDET hasta 2038 y la Ley de Competencias para fortalecer la autonomía territorial, elementos clave para consolidar la paz y prevenir nuevos ciclos de violencia.
Un llamado a la acción conjunta
Cristo concluyó su intervención con un llamado a la sociedad colombiana ya la comunidad internacional para que trabajen de manera conjunta en la protección de los líderes sociales y en la construcción de una paz sostenible. “Si no logramos transformar los territorios, vamos a seguir lamentando la pérdida de quienes luchan por los derechos humanos”, advirtió.
La Mesa Nacional de Garantías de Seguridad se perfila como un escenario clave para definir las estrategias necesarias que permitan avanzar hacia un país más seguro y equitativo para todos.
