Pocas democracias han sido tan golpeadas por la violencia política como Colombia, donde la historia electoral está teñida de sangre. Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 hasta el más reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la violencia ha sido un actor constante en la escena política del país.
La tentativa de asesinato contra Uribe Turbay este 7 de junio, en pleno mitin en Bogotá, reaviva los fantasmas del pasado. El aspirante del Centro Democrático fue atacado mientras adelantaba su campaña, en un episodio que ha vuelto a poner en duda las garantías para ejercer la política en Colombia. “Que este sea un momento para rechazar los mensajes de odio, de violencia, de intolerancia”, pidió el expresidente Iván Duque, en un llamado a la unidad nacional.
La historia del país está atravesada por crímenes políticos que no solo han enlutado a las familias colombianas, sino que han alterado profundamente el rumbo de la democracia. El más recordado es el de Gaitán, líder liberal asesinado en el centro de Bogotá, cuyo magnicidio desencadenó el ‘Bogotazo’ y la violencia bipartidista de mediados del siglo XX.
Décadas más tarde, el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, en 1989, volvió a estremecer al país. Galán, quien lideraba las encuestas y se había convertido en símbolo de la lucha contra el narcotráfico, fue acribillado en un acto público en Soacha. La autoría fue atribuida al cartel de Medellín con complicidades dentro del Estado. “La muerte de Galán fue un atentado contra la democracia colombiana”, declaró entonces el presidente Virgilio Barco.
Tan solo meses después, en 1990, fueron asesinados también Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, ambos candidatos presidenciales. Jaramillo representaba a la Unión Patriótica (UP), partido surgido de acuerdos de paz con las FARC. Pizarro, excomandante del M-19 y símbolo de la paz recién firmada, fue asesinado dentro de un avión comercial. La UP fue víctima de un exterminio sistemático: más de 4.000 de sus miembros fueron asesinados, un hecho que muchos califican como genocidio político.
La impunidad ha sido un denominador común. El asesinato de Álvaro Gómez Hurtado en 1995, por ejemplo, fue atribuido años después por las FARC, pero su familia sostiene que fue un crimen de Estado. “No creemos esa versión”, declaró su hijo, Mauricio Gómez.
La violencia política en Colombia no ha cesado. Entre 2021 y 2023, más de 800 líderes sociales y políticos fueron asesinados, muchos de ellos en el marco de procesos electorales locales, según la Misión de Observación Electoral (MOE). Para el analista León Valencia, “la violencia política ha sido usada por élites y grupos armados como herramienta para conservar o alterar el poder”.
El caso de Miguel Uribe Turbay revive una historia familiar marcada por la tragedia. Su madre, Diana Turbay, murió durante un operativo de rescate tras ser secuestrada por el narcotráfico en 1991. Su abuelo, Julio César Turbay Ayala, fue presidente entre 1978 y 1982.
A lo largo de más de siete décadas, Colombia ha visto cómo la violencia se interpone una y otra vez en el camino de la democracia. Cada atentado no solo apaga una vida: hiere la esperanza de un país que aún lucha por reconciliarse con su historia.
