La Contraloría cuestiona la declaratoria de urgencia manifiesta y abre una investigación
La Cancillería colombiana se encuentra en el ojo del huracán tras la apertura de una investigación por parte de la Contraloría, relacionada con la licitación y prestación del servicio para la elaboración de las libretas de pasaportes en el país.
La polémica se desató cuando, a solo 20 días de que concluyera el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, el canciller Álvaro Leyva Durán firmó la resolución número 754. Esta resolución declaraba la urgencia manifiesta, permitiendo la contratación directa, una medida que finalmente se concretó con Thomas Greg & Sons para evitar la suspensión del servicio.
Sin embargo, la Contraloría emitió una resolución el 13 de diciembre, hace tan solo 5 días, en la que advierte que la Cancillería no cumplió con las normas en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta.
“Declarar que el Ministerio de Relaciones Exteriores no se ajustó a la exigencia legal de remitir inmediatamente el expediente de Urgencia Manifiesta al organismo que ejerce control fiscal, para que se procediera al control automático de legalidad exigido por la norma legal”, señaló la Contraloría por medio de su artículo 2 de la resolución actual.
“Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, de conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el cual podrá ser interpuesto ante este Despacho dentro de los 10 días siguientes”, concluyó la resolución de la Contraloría.
