En el marco del Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, la Defensoría del Pueblo alertó sobre los escasos avances en la implementación de la Ley 2364 de 2024, que reconoce a estas mujeres como sujetas de especial protección y constructoras de paz.
De acuerdo con un seguimiento realizado por la entidad a 33 instituciones nacionales y 73 territoriales, la mayoría reporta acciones generales en favor de las víctimas del conflicto, pero no estrategias diferenciadas que respondan a las necesidades específicas de las mujeres buscadoras, incluidas aquellas con pertenencia étnica.
“Es necesario acelerar los ajustes institucionales para garantizar derechos como salud, educación, vivienda y protección integral”, manifestó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante un acto conmemorativo en Bogotá, donde se rindió homenaje a Yannette Bautista Montañez, pionera en la lucha por esta ley y fallecida recientemente.
El informe destaca avances en la socialización de la Ley, en acciones de memoria y reconocimiento promovidas por entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y RTVC, así como en la participación de las buscadoras en espacios de formulación de políticas públicas. No obstante, persisten vacíos significativos en la aplicación de medidas sociales.
Por ejemplo, el Registro Nacional de Mujeres Buscadoras aún no está en funcionamiento, y los programas de salud, educación y vivienda no contemplan estrategias de priorización ni acompañamiento psicosocial. “No se evidencian medidas concretas para fortalecer la atención ni instrumentos operativos que garanticen su bienestar”, señaló la Defensoría.
Entre las recomendaciones emitidas por la entidad se encuentran:
Adaptar la oferta institucional con protocolos diferenciados y registros específicos.
Fortalecer la protección integral y el acceso a derechos sociales, incluyendo salud mental y vivienda.
Garantizar la participación activa de las buscadoras en el diseño y evaluación de las políticas que las afectan.
“La búsqueda es un derecho: a saber qué pasó, quién se los llevó y por qué los niegan”, enfatizó Iris Marín, quien reiteró el compromiso de la Defensoría en acompañar a las buscadoras en su exigencia de verdad, justicia y reparación.
Concluyó con un mensaje de reconocimiento: “Gracias, buscadoras, por convertir el dolor en resistencia, y por dejar un legado que dignifica la memoria y el derecho a no ser desaparecido en Colombia.”
